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Formalización e interdicción, ¿en buen camino?

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 pocos meses de vencer el plazo para formalizar a la pequeña minería y minería artesanal, el gobierno nacional sigue evacuando normas para regular este proceso. El último dispositivo fue promulgado a fines de enero bajo el nombre de Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal (Decreto Supremo Nº 003-2014-PCM). El objetivo de este nuevo “plan” es erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y reducir significativamente los delitos conexos a esta actividad, como la trata de personas, evasión tributaria, daño ecológico y otros. Cuando uno lo lee, renace la esperanza hacia el interés estatal de querer ordenar esta mala práctica. Sin embargo, el destiempo para la emisión del decreto no es la observación más cuestionable.  

Siendo una estrategia de lucha contra la minería ilegal, ésta contempla -aunque minúsculamente y no debería- el proceso de formalización de la minería. De todo el documento, que consta de 17 ítems, solo en el punto 16 se indica que los gobiernos regionales serán fortalecidos para implementar el proceso de formalización, mediante el desarrollo de su capacidad de gestión. Este empoderamiento debe darse para que cuenten con recursos humanos y logísticos y consigan formalizar a los más de 150 mil mineros artesanales y a pequeña escala que quieren dejar de ser informales. 

La contradicción garrafal de esta nueva ley es que en su artículo segundo precisa que su implementación no demandará recursos adicionales al Tesoro Público. Entonces, ¿cuál es la garantía para que los gobiernos regionales reciban los recursos que hace tiempo debieron tener, si la norma es eminentemente irónica en su contexto? El rol que juegan los gobiernos regionales en esta estrategia es de informantes. Es decir, deberán proporcionar data al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para que procedan a la interdicción.

Dentro de las zonas priorizadas para la interdicción en el sur no se encuentra Arequipa. Esta región cuenta con la mayor cantidad de declaraciones de compromiso a nivel nacional (17 mil) de mineros en lista de espera para formalizarse. Quizá una de las razones para que la interdicción aún no se aplique en esta circunscripción, obedece a la voluntad de los mineros de ponerse a derecho. Este interés está evidenciado en el trabajo para reubicarse en parques industriales y recuperar las zonas degradas, como viene sucediendo en Mollehuaca (provincia de Caravelí) y próximamente en Atico, Eugenia, Secocha, Misqui-San Martín, etc. 

Creo que todos reconocemos los esfuerzos del gobierno nacional de combatir la ilegalidad en la minería. No obstante, como ciudadanos debemos demandar también un Estado sólido que planifique y no improvise un proceso con tantas peculiaridades. Urge además de estrategias contra la minería ilegal, pensar en el proceso de formalización y el plazo que está próximo a vencerse. De no corregirse, se reactivará un conflicto que sigue latente, ya sea porque veremos en calles y carreteras a mineros impedidos de trabajar o por incumplir compromisos a futuro. 

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Dante Pinto Otazú Dante Pinto Otazú