La expropiación del 51% del patrimonio de la empresa de combustibles YPF, cuyo accionista mayoritario es la española Repsol, es el último atropello contra la propiedad privada y la razón cometido por el gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner. Empedrada de desaciertos y denuncias por corrupción, la gestión de la presidenta argentina ha sumado ahora un nuevo adversario: la comunidad internacional, que ha visto con muy malos ojos esta medida.
La reacción de España ha sido, como se esperaba, la más dura. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, dijo sentir un «profundo malestar»: esta clase de decisiones «pueden hacer daño al conjunto de Latinoamérica». Le han seguido pronunciamientos muy críticos de la Unión Europea, México y los Estados Unidos, y hace muy poco el presidente colombiano Juan Manuel Santos contrapuso la política de su país con la argentina, con un escueto y tajante: «Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy». Hasta el ministro de Economía peruano, Luis Miguel Castilla, se ha manifestado: «Hemos aprendido de la forma más dura hacia dónde conducen esas políticas insanas», dijo. De momento, solo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha proclamado su apoyo a su similar argentina.
Pero defender esta incautación es poco menos que imposible. Más todavía si consideramos que ella y Néstor Kirchner, su esposo y antecesor en la presidencia, defendieron y avalaron la medida en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem.
Semejante incoherencia ha hecho que incluso quienes defienden la presencia estatal en el manejo del petróleo y los demás combustibles se muestren críticos esta vez. En su blog del diario El País, el notable cronista Martín Caparrós no pudo ser más claro: «El control del Estado sobre la exploración y explotación de hidrocarburos es necesario, y probablemente el Congreso va a sancionar la ley que hoy se presentó. El problema es el Estado que lo va a manejar: un Estado controlado por un gobierno incompetente que trabaja para su propio poder, que conspira para enriquecer a sus amigos, que cambia los jueces que no le gustan, que silencia las voces que no lo lisonjean, que mantiene a tantos en la pobreza y la desesperanza. Un gobierno, sobre todo, cuya política energética produjo la emergencia que, ahora, pretende remediar: otro clásico del gobierno opositor. Vamos todavía».
En el 2008, cuando confiscó los fondos privados de pensiones −cerca de US$ 5.000 millones anuales, que pasaron a las arcas del gobierno para cubrir forados fiscales−, Cristina Fernández de Kirchner dio muestra de los extremos del absurdo a los que podría llegar su gestión. La expropiación de YPF continúa y profundiza aquel camino, así como la triste noche de este país inmenso y rico, de gentes cultas y amables, pero infestada por una plaga para la que no parece haber antídoto: sus gobernantes y políticos corruptos e incapaces.
