Cualquiera hubiera pensado que la historia de los nueve mineros informales atrapados en el yacimiento «Cabeza de Negro» en Ica, debió terminar luego de la puesta en escena montada por el gobierno para salvarlos, que incluyó la estelar participación del presidente Ollanta Humala. Por el contrario, esta semana el sainete prosiguió, ahora a cargo de la ministra de la Mujer, Ana Jara, que organizó una delirante ceremonia de homenaje para los rescatados, donde les entregó un bono de tres mil soles y un terreno con título de propiedad en el distrito de La Tinguiña, así como acceso al crédito para construir sus viviendas. También se anunció que los obreros, que estuvieron encerrados seis días bajo tierra y se mantuvieron con vida gracias a un tubo por el que comieron y respiraron, están «evaluando» ofertas de trabajos temporales hechas por las municipalidades distritales, mientras logran su formalización.
¿Qué servicio valioso han prestado a la sociedad los nueve sobrevivientes de «Cabeza de Negro»? ¿Por qué méritos han recibido semejante recompensa? ¿Por participar en una actividad ilegal, que asfixia el medio ambiente, evade impuestos, soborna funcionarios, establece zonas liberadas, y promueve la semiesclavitud y el comercio sexual? ¿Por formar parte de ese vasto contingente de peruanos −solo en Ica se calcula que son 30 mil−, que todos los días se sumergen en cavernas y socavones, sin las medidas de seguridad más básicas, exponiéndose a accidentes como este, que felizmente no les costó la vida? ¿Estar al margen de la ley en el Perú ahora es una virtud, merecedora de respetos y retribuciones del Ejecutivo y las autoridades municipales?
Parece que sí, al menos según la insólita escala de valores de Ana Jara, promotora de la premiación y el reconocimiento. Quizá la ministra no oyó las palabras del presidente Humala, que durante el rescate en «Cabeza de Negro» condenó con mucha firmeza el accionar de la minería informal, culpó a los anteriores gobiernos de no haber hecho nada por revertir esta situación, y prometió sanciones ejemplares para quienes «promueven la explotación del hombre por el hombre y no pagan impuestos».
¿Esta es la idea de sanción de la ministra Jara? ¿Qué vendrá después? ¿Por qué entregar dinero y posibilidades de vivienda a solo nueve mineros, y no a los cientos de miles que arruinan parte de Ica o Madre de Dios, o envenenan ríos con mercurio o los matan con las dragas? Puestos a ello, ¿por qué no extender estos privilegios a otros infractores, como los que sobrepueblan nuestros penales?
La misión de un Estado no es agasajar a quienes infringen las normas como los mineros informales de «Cabeza de Negro», sino perseguirlos y sancionarlos. Su rescate fue una muy buena noticia y debemos alegrarnos de que sigan vivos. Pero torcerle el cuello a la lógica, y homenajearlos y premiarlos, por proselitismo, ingenuidad o el motivo que sea, es algo intolerable y sienta un precedente penoso en un país como el Perú, donde nadie debe estar por encima de la ley.
