Por: Raúl Tola
Que Martha Chávez merecía una sanción luego del bochorno que protagonizó el 28 de julio, tras la juramentación del presidente Humala, nadie lo discutía. En tiempos de alta polarización como los que vivimos, el repudio a los alaridos y disparates proferidos por la congresista fujimorista en plena sesión solemne de cambio de mando fue inusualmente unánime. De hecho, cuando se les consultaba en privado y off the record, los propios miembros de Fuerza 2011 admitían que la reacción había sido desproporcionada, y que no había forma de justificar a Chávez.
A pesar del buen humor con que algunos tomaron el incidente –como la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que diría: “Yo recomiendo que todos los países le entreguemos una condecoración al marido de la mujer esa que gritaba todo el tiempo”–, los jefes de Estado presentes y los millones de peruanos que siguieron la transmisión desde sus casas no merecían semejante falta de respeto. Más todavía de parte de alguien que durante su gestión pública no dudó en defender el golpe del 5 de abril de 1992 –un atropello a mano armada contra el orden constitucional– ni los posteriores ultrajes jurídicos −como la “ley de interpretación auténtica”.
Pero el procedimiento escogido por el presidente del Legislativo, Daniel Abugattás, para debatir y aplicar la sanción (consagrando la falta de transparencia y contraviniendo el Art. 51 del Reglamento. ha terminado volviéndola a favor de la fujimorista, por las sospechas que tanto secreto genera. Felizmente la presión de la opinión pública y de gremios como el IPYS consiguió doblarle el brazo al Parlamento que, aunque tarde, se ha visto forzado a publicar el contenido de aquel debate.
La magnitud del castigo tampoco está libre de polémica. Si a la alharaca de Chávez le corresponden 120 días de suspensión, ¿qué sanción merecería Josué Gutiérrez, el parlamentario que acompañó a Alexis Humala a Rusia? ¿Y Alejandro Yovera Flores, de Fuerza 2011, y Wilder Ruiz Loayza, de Gana Perú, acusados de delito contra la fe pública en agravio del Estado por incluir datos falsos –estudios que nunca realizaron– en las hojas de vida que presentaron al JNE?
Lo dicho prueba que, a la hora de aplicar sanciones, la forma suele ser tan importante como el fondo, y que respetar procedimientos y normas nunca provocará “un circo” ni atentará contra “la majestad del Parlamento”, como sugirió Omar Chehade para justificar la polémica sesión reservada. Por el contrario, son estas triquiñuelas de baja política las que cada vez más hacen que “el debate político real hoy día se encuentre en las calles, y no en el Congreso”, como dijo Ollanta Humala.
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