Esta semana se cumplieron los veinte años del golpe de Estado del cinco de abril de 1992. Junto con la fractura de nuestra democracia, aquel día instauró una nueva época en la historia política del Perú. Comenzó también a construirse el mito de un gobernante infalible, que tomó aquella decisión tan dramática forzado por las circunstancias, y que gracias a ella rescató al país del colapso. Pero el tiempo ha terminado por aclarar las cosas: el cinco de abril fue en realidad el primer paso de un siniestro y bien pensado programa que buscó y logró copar el poder, y nos sumió en las tinieblas.
Como se ha recordado, los progresos en la lucha contra la subversión y las mejoras económicas no fueron consecuencia de la interrupción del orden democrático. La captura de Abimael Guzmán, el hecho capital en el descabezamiento de la sangrienta maquinaria de Sendero Luminoso, se produjo gracias al minucioso trabajo de inteligencia emprendido por el GEIN, y para concretarla no hizo falta desconocer ninguno de los derechos humanos. Lo mismo ocurrió a la hora de reformar nuestra economía: Alberto Fujimori pudo implementar las urgentes reformas liberales en democracia, para ello contaba con el voto de su bancada más el Fredemo.
En cambio, escogió atentar contra la Constitución que había jurado respetar y defender, lo que aquel día se tradujo en una sucesión de atropellos a las libertades ciudadanas de periodistas, académicos y políticos opositores, y a la postre en un cada vez mayor proceso de concentración de poderes en el Servicio de Inteligencia regentado por Vladimiro Montesinos. Desde entonces las disidencias fueron perseguidas y difamadas, el Poder Judicial sojuzgado, y la corrupción −alentada desde los intestinos del gobierno− creció hasta volverse sistémica, en medio del más indignante clima de impunidad.
¿Han servido de algo estos veinte años? ¿Hemos aprendido los peruanos de los errores cometidos en las dos décadas que arrancaron el cinco de abril de 1992? ¿Creemos de verdad que la democracia −por más imperfecta que sea− es el mejor sistema político, el único que garantiza una correcta repartición y alternancia en el poder, así como la convivencia y el diálogo de los contrarios? ¿Comprendemos realmente que, si bien no aseguran la honestidad, sus métodos de fiscalización al menos dificultan y muchísimas veces impiden y desenmascaran las corruptelas?
No cabe duda que muchas cosas han cambiado para bien en el Perú. Desde la implosión del régimen de Fujimori y Montesinos −pasando por el derrumbe de su organización, y por los históricos juicios que dieron con ellos y el resto de su camarilla tras las rejas− hasta las últimas elecciones, hemos conseguido superar numerosas pruebas muy difíciles. Llevamos tres gobiernos consecutivos elegidos en las urnas, y el futuro parece propicio para que este estado de las cosas se mantenga. Pero debemos estar alertas: la tentación autoritaria no se ha extinguido. Pervive en aquellos que, seducidos por los argumentos falaces que por ejemplo justificaron el cinco de abril, siguen creyendo que cualquier medio es válido, si el resultado es su prosperidad y sosiego. No han querido darse cuenta que las matanzas y los robos no son un medio, sino un fin en sí mismos.
