Este jueves, luego de más de trece horas de audiencia, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena a tres años de cárcel y US$ 40 millones contra el diario El Universo y sus principales directivos, por la publicación de una columna de opinión de Emilio Palacio titulada «NO a las mentiras», donde llamaba nueve veces «Dictador» al presidente Rafael Correa, y lo acusaba de «haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente» durante la sublevación policial del 30/9/10.
Conocida la noticia, el presidente Correa afirmó con su habitual retórica populista que este fallo demostraba «que El Universo mintió, que se puede juzgar no a los payasitos sino a los dueños del circo, y que los ciudadanos pueden reaccionar frente a los abusos de la prensa». También que «esto va a cambiar la historia, van a entender que la libertad de expresión es de todos, no solo de los que tienen plata para tener una imprenta».
Como era de esperarse, los círculos de adulones de Correa han saltado de felicidad por el fallo contra El Universo, mientras que las organizaciones de defensa de la libertad de expresión lo han lamentado. «Este fallo con poca visión de futuro solo hará que los periodistas ecuatorianos dejen de investigar a los políticos poderosos», ha dicho el CPJ. ¿Pueden ejercerse la crítica y el debate en un país donde las opiniones incómodas se persiguen desde la jerarquía política? ¿Deben disciplinar los medios a sus periodistas, para evitarse problemas judiciales y persecuciones como los que padece El Universo?
Además de estas consideraciones, la sentencia contra El Universo prueba por qué los gobernantes no deberían litigar contra los ciudadanos, aun si éstos «tienen plata». Este proceso evidenció la desigualdad e indefensión en la que nos encontramos cuando debemos confrontar en los juzgados a la máxima autoridad nacional, en especial si ésta se ejerce con los escasos modales democráticos de Correa. ¿Sorprende que el caso llegara a la instancia definitiva y se resolviera en tiempo récord, menos de un año? ¿Que la reparación económica ascendiera a un monto tan exagerado que puede llevar a la quiebra al medio querellado? ¿Llama la atención que la nueva Corte Nacional de Justicia hubiera tomado posesión del cargo solo tres semanas atrás, y que fuese designada por el Consejo de la Judicatura de Transición, presidido por un delegado del Presidente? ¿Que militantes del grupo oficialista «Alianza País» asediaran el juzgado donde se realizaba la audiencia, quemando periódicos y agrediendo a varios transeúntes? ¿Que otros dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, fueran sentenciados la semana pasada a pagar dos millones de dólares en otro proceso iniciado por el presidente Correa, por el «daño moral» causado por un libro de investigación donde se acusaba a su hermano de diversas irregularidades?
Como afirma CPJ, este fallo es un «serio retroceso para la democracia en Ecuador». Democracia que, dice Emilio Palacio en «NO a las mentiras», la columna que le ha traído tantos problemas, cada vez se parece más a una dictadura.
