Luego de una semana de angustias, la crisis de los nueve mineros atrapados en el yacimiento “Cabeza de Negro” en Ica tuvo un final feliz. Con sus vidas en juego, la deshidratación, el estrés postraumático y los problemas de visión que han presentado son males menores, que podrán superar pronto, para retomar sus vidas con normalidad.
¿Volverá alguno de ellos a ejercer la minería informal, aquella ocupación que casi los mata? ¿Habrá servido este caso como advertencia para las 30 mil personas que solo en Ica se sumergen todos los días bajo tierra, con sus picos, palas y linternas, en las condiciones más precarias, para arrancarle hilachas de mineral a la roca? ¿Será esta una más de las lecciones no aprendidas en torno a este problema gravísimo, que debería ser extirpado de raíz, de una vez por todas?
La minería informal es una actividad depredatoria que no produce beneficios, salvo para un puñado de pequeños barones locales, que centralizan la extracción, el acopio y la distribución del oro. Ellos son dueños de las concesiones, que explotan con cargadores frontales, volquetes y mucha mano de obra barata, pero también de la economía de pueblecitos como Huepetuhe, nacido por la proliferación de yacimientos artesanales, y que es un punto perdido en el corredor minero de Madre de Dios. Como contó hace poco la revista “Poder”, allí gobierna Gregoria Casas Huamanhuillca, conocida como “Goya”, una mujer analfabeta y rodeada por la leyenda, que según estimaciones recientes mueve cerca de US$ 27 millones al mes en las 1,600 hectáreas de socavones que regenta junto con su ex marido y sus hijos.
La cola de problemas que arrastra la minería informal es larguísima, y una de sus principales víctimas es el medio ambiente. El corredor minero de Madre de Dios es una larga culebra de cerros sin vida, zanjas y carpas de plástico celeste, que ha borrado del mapa grandes extensiones de selva. Los ríos tampoco se han salvado: además de soportar el paso de las dragas, que succionan sus aguas matando toda forma de vida, son envenenados con mercurio y otros químicos. Por si fuera poco, los prostíbulos y cantinas que crecen junto a los campamentos son un foco de explotación sexual juvenil.
Estos mineros tampoco pagan impuestos. Si cumplieran con sus obligaciones tributarias, Madre de Dios dispondría de S/. 50 millones para obras públicas. En cambio, como están hoy las cosas, las arcas regionales recaudan una ridiculez por este concepto: S/. 42 mil al año. Donde sí gastan es a la hora de sobornar funcionarios y de copar las esferas del poder local, y ahora nacional. Solo así se explica que alguien como Eulogio Amado Romero, acusado por peculado y defensor de las dragas, llegara al Congreso.
Como es obvio, los beneficios de estos mineros existen porque viven al margen de la ley, y no tienen la intención de formalizarse.
Por eso no se explica la mano que les echó el gobierno hace muy poco, cuando cedió ante los disturbios, y postergó por doce meses la entrada en vigencia de un paquete legislativo, donde la minería informal se penaba hasta con ocho años de cárcel. Ojalá se acaben pronto estos privilegios, y el presidente Ollanta Humala sea en los hechos tan duro con la minería informal como lo fue en las palabras durante el rescate de “Cabeza de Negro”.
