Por Jorge Bruce
Una vez más, la Defensoría del Pueblo aparece desde atrás, como en los mejores tiempos de Héctor Chumpitaz, y hace el gol de último minuto, mientras la delantera del Gobierno acumula malos pases, faltas y autogoles. Así, el supuestamente ponderado premier Simon acude a metáforas tan sutiles como las de la guillotina (¿no sería “picota”? ¿habló su inconsciente?) para comentar el llamado a la insurgencia de Aidesep. Entonces la Defensoría logra un acuerdo con la dirigencia encabezada por el señor Pizango, a fin de deponer la medida de fuerza y retomar el diálogo. En RPP, Beatriz Merino anunció su exhortación al retiro del llamado a la insurgencia, cosa que al parecer ha ocurrido. A estas alturas, la Defensoría posee una legitimidad y una credibilidad de las que la mayoría de instancias gubernamentales carecen.
Lo cual es una mala noticia en términos de gobernabilidad, por supuesto. Si el Estado hace oídos sordos a los reclamos de las comunidades nativas y se salta a la garrocha el convenio 169 de la OIT, que exige consultarlas antes de tomar cualquier decisión que las concierna, el resultado solo puede ser la exacerbación de los conflictos. Lo mismo sucede si el presidente García, en su peculiar interpretación de Lope de Vega, polariza la situación afirmando que los nativos no pueden apoderarse de lo que nos pertenece a todos: es decir, a todos los dueños de las grandes empresas petroleras, mineras o madereras. Porque lo que sí nos concierne a todos es la preservación del bosque tropical y su explotación racional.
Una lógica post colonial se representa a la amazonía como un vasto territorio inexplorado, protegido por unos cuantos caviares verdosos de ONGs tipo Greenpeace y unos nativos ignorantes manipulados por oscuras fuerzas antisistema. Este fantasma podría llamarse el Oro Verde o algún otro estereotipo que permita instalarse confortablemente en el desconocimiento de lo que ahí ocurre, incluyendo las contradicciones que de seguro ocurren entre los habitantes de la amazonía, a los que no hay que satanizar pero tampoco canonizar.
Para entender mejor este recurso de imágenes consabidas, a fin de encubrir la ansiedad explotadora de grupos económicos para quienes los pueblos amazónicos y el convenio 169 son un estorbo, es recomendable la lectura del libro Contra el Sueño de los Justos (IEP), de Juan Carlos Ubilluz, Víctor Vich y Alexandra Hibbet. Ahí se analiza un fantasma análogo, el de la nación cercada, expresión tomada de Arguedas para designar una concepción congelada de una sierra primitiva y desfasada, tal como se la encuentra en el Informe de Ucchuraccay.
Releyendo la literatura peruana acerca de la violencia política de los últimos veinte años, los autores horadan representaciones fijadas que velan verdades perturbadoras, como la existencia de una modernidad andina con sus propios designios. Lo propio puede decirse de este conflicto amazónico. Si no fuera por la capacidad de escucha de la Defensoría, quizás ya estaríamos lamentando las víctimas guillotinadas por una voluntad de no saber, anclada en unos intereses depredadores y atropelladores de los derechos amazónicos y, más allá, del patrimonio ecológico de la humanidad.
