Con inmensa preocupación, mas no con sorpresa, la mayoría de peruanos observamos cómo se produce lo previsible: el aumento de la tensión conflictiva en puntos diversos y alejados del país comienza a cobrarse víctimas. No solo se están perdiendo vidas humanas (al momento de escribir estas líneas ya van doce fallecidos en conflictos sociales, sobre todo socioambientales). En cada una de estas situaciones, desde Cajamarca hasta Espinar, incluyendo Kepashiato, junto a la gente se mata el diálogo, la verdad, el otro. Pero también, poco a poco, el Gobierno pierde la imagen de novedad y refresco con la que llegó al poder. Más bien se expande una decepcionante percepción de paramnesia o déjàvu.
Beatriz Merino lo ha dicho explícitamente: “Si fracasó la metodología de solución de conflictos en los doce últimos meses de García, ¿por qué repetirla? ¿Alguien ha visto algo nuevo?” No, en efecto, lo que vemos es cómo se repiten los mismos errores del régimen anterior. Siendo quizás el peor de todos el desprecio por los ciudadanos que protestan. Es obvio que se debe restablecer el orden y no se pueden tolerar desmanes. Pero insistir en la tesis de “son rebaños de ovejas manipulados por pastores malévolos con una agenda política” no va a servir absolutamente de nada. Ese es el método Bagua y ya vimos los resultados que está dando en Conga. Además de irritar en vez de calmar, azuza la violencia de quienes se sienten ninguneados y ofendidos. Particularmente, no escuchados.
A mí también me deja perplejo el pedido del alcalde de Espinar de aumentar del 3% al 30 % el monto donado por la minera Xstrata, pero en vez de discutir esa propuesta y hacernos entender a todos lo infundado de la misma, de ser el caso, ¡se mete a Óscar Mollohuanca a la cárcel en el local de la presidencia regional del Cusco, en las narices de Jorge Acurio, quien lo había convocado a una reunión conciliadora! El daño que esa imagen produce es inconmensurable. Puede que haya quienes aplaudan desde posiciones recalcitrantes lo que interpretan como el restablecimiento de la ley y el orden. Pero lo que prevalece es la sensación de que se irrumpe con violencia contra el intento de resolver el conflicto pacíficamente. A partir de ese momento ya no importa si sus pedidos eran razonables o disparatados: los palos evacuaron a las palabras y las ideas, so pretexto de imponer el orden.
El Premier asegura que no ha tenido nada que ver con esa decisión, que corresponde a la Fiscalía y la Policía, lo cual no se lo creen ni los defensores más acérrimos de la táctica del garrote. Una decisión de tan graves consecuencias es política y, así fuera cierto lo que dice el primer ministro, en estas circunstancias es de su responsabilidad.
Todos vemos –tanto los partidarios del régimen como sus enemigos y los ciudadanos que hubiésemos preferido que haya una mejor gestión de los conflictos– que el Gobierno carece de la célebre hoja de ruta. Da la impresión que confiaba en su arraigo popular para evitar llegar a esta situación. Pero ha sucedido lo contrario. Al optar por asociarse con las elites económicas del país, descuidando su relación con los sectores mayoritarios que lo llevaron al poder, ha generado la clásica dinámica frustración-agresión, al avivar la vivencia de abandono por parte del Estado que este Gobierno heredó, pero no ha podido cambiar. Porque esa es la promesa cuyo incumplimiento resulta más grave: la de gobernar para los que más lo necesitan.
