Buena parte de los malentendidos que nos han afligido en los últimos tiempos están vinculados con nuestra incapacidad para procesar las verdades terribles relatadas en el informe de la CVR, que acaba de cumplir 9 años de ser presentado. Así, el crecimiento del Movadef y su inquietante amnesia, o el fallo de la sala presidida por Villa Stein, retirando el carácter de crímenes de lesa humanidad a las atrocidades del grupo Colina, o bien el papelón del Estado peruano ante la CIDH, proceden de una misma resistencia a aceptar la complejidad de lo ocurrido durante dos décadas de una violencia devastadora.
Nadie que haya leído el informe o por lo menos su compendio, y lo haya hecho de buena fe, puede dudar de la importancia histórica de ese documento, así como su evidente perfectibilidad (¿existe algún texto interpretativo que no lo sea?). No obstante, después de leerlo, es imposible seguir ignorando las hondas y antiguas fracturas sociales que permitieron la duración y extensión de esos atropellos contra las personas más vulnerables de nuestro país. Mejor dicho, debería ser imposible, pero el negacionismo, para tomar un término en boga, ataca desde diferentes extremos ideológicos.
Estuve presente ese día del 2003, en Palacio de Gobierno, escuchando las palabras de Salomón Lerner, quien entregaba ese documento histórico a la nación. Varios años después tuve el privilegio de entrevistarme, en Huamanga y Huanta, con varias mujeres de la región, familiares de desaparecidos. El asunto es que estas personas siguen esperando, hasta hoy, noticias de los restos de sus seres queridos. Los responsables de esos crímenes fueron Sendero, las Fuerzas Armadas o los ronderos, según me dijeron.
En ninguna de ellas advertí rencor contra nadie en particular: solo un deseo inextinguible de saber y poder clausurar ese dolor que no cesa. Estamos hablando de desapariciones ocurridas hace más de veinte años, en muchas de estas historias. De hecho, varios de esos familiares ya han muerto.
El 30 de agosto fue el Día mundial de las víctimas de desaparición forzada. El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) nos recuerda, tras más de una década dedicada a esclarecer casos de desaparición forzada en nuestro país, que existen más de 15.000 víctimas de ese crimen. Que, tras tres regímenes, es muy poco lo que se ha avanzado “en materia de verdad, justicia y reparación para los sobrevivientes de la violencia y los familiares de las víctimas”. Esta es la prueba más flagrante de que hay una terca voluntad de no saber, porque eso nos obligaría a aceptar la obscena desigualdad en la que se funda nuestro pacto social.
Mientras los desaparecidos sean miembros de las “castas” inferiores, el ruido político es muy tenue y hay muchos interesados en que así permanezca. Esta es la base de un sistema de privilegios que se interconecta con situaciones tan aparentemente alejadas, como la imposición de concesiones extractivas contra la opinión regional o la práctica salarial del cholo barato. En donde el racismo funciona como un sostén indispensable. No obstante, no son leyes como la del negacionismo las que nos van a permitir confrontarnos con estas verdades que nos descolocan. Mientras no haya una masa crítica de ciudadanos informados, con capacidad de discutir en vez de agredir, dispuestos a tolerar la existencia de verdades complejas e incluso contradictorias, seguiremos sugestionados con los indicadores de crecimiento económico, ignorando los huesos de los cadáveres sobre los que estamos construyendo esa frágil prosperidad.
