Más que la eventual militarización, lo preocupante en las declaraciones iniciales del nuevo premier fue la insistencia en el discurso empresarial. Repetir en todos los canales de televisión que el nuevo gabinete sería de técnicos y que la política se la dejarían al Presidente causó alborozo en sectores de la derecha. Seguramente pensando que de esa manera se llegaría a una situación más ordenada, en la que se garanticen inversiones, ganancias e impuestos. Hasta ahí, todo bien: ¿quién en su sano juicio estaría en contra del orden y la coherencia que aseguran un clima favorable al crecimiento económico con inclusión social?
Pero a poco que se profundiza en los presupuestos ideológicos de ese discurso nos topamos con algunas incongruencias. En primer lugar, lo que es bueno para el manejo de una empresa no necesariamente lo es para el Estado. No veo ningún problema con objetivos e indicadores, así como fortalezas, debilidades, oportunidades y todo el vocabulario empresarial vigente. La complejidad reside en que el Estado no es una empresa, tal como una empresa no es una familia. Cuando se confunden los planos es que los asuntos se enredan.
Si tomamos el caso de la empresa y la familia –algo que veo con frecuencia en el consultorio– podemos ilustrar mejor el punto. Cuando un padre (ocurre menos con las madres) de familia empresario adopta en su casa los mismos métodos que le funcionan en el trabajo, suele terminar envuelto en situaciones catastróficas. Las familias no caminan con objetivos ni indicadores. Los afectos, como dice el vals, son leyes que gobiernan y mandan. Esto exige de los padres una flexibilidad y una capacidad de adaptación a las necesidades individuales, incompatibles con el funcionamiento institucional. Un hijo con problemas depresivos no puede ser reemplazado ni desplazado. Las malas notas escolares no se resuelven dándole un plazo al escolar antes de su despido. Estas situaciones exigen abordajes personales, caso por caso.
De modo análogo, si los representantes del Ejecutivo –que no es lo mismo que ejecutivos– no hacen política, entonces estamos condenados al autoritarismo, que en una empresa no lo sería, puesto que no tiene por qué funcionar democráticamente. Tampoco en un cuartel o en la Iglesia hay democracia: son instituciones jerárquicas por antonomasia. En cambio el Estado, si bien tiene que hacer respetar las leyes y el principio de autoridad, no puede desoír las demandas de los ciudadanos ni negarse al diálogo con los diversos niveles de la sociedad. De hecho, las empresas extractivas terminan haciendo política, bien o mal, por incapacidad del Estado.
Si retomamos las declaraciones del premier Valdés, dejándole la política al Presidente, podemos tener dos lecturas distintas: una en la cual el jefe es el único autorizado a trazar el rumbo, en plan militar. Pero hay otra, acaso inconsciente, en el que la política es el obstáculo que es preciso apartar para poder gobernar con eficiencia. Ese rollo, tarde o temprano, desemboca en acciones represivas y violentas. Ese “orden” puede funcionar a corto plazo. Pero si no hay empatía con las expectativas de las mayorías –lo cual no significa satisfacerlas todas pues esto es inviable, pero sí ser capaz de escuchar y negociar, sin perder el principio de autoridad– el baguazo es lo que está garantizado.
La política bien entendida vendría a ser, para seguir con la jerga de moda, la inteligencia emocional del Estado.
