Corrupción y elecciones

Por Sinesio López Jiménez

La falta del sentido ético de la política va acompañada generalmente de una alta dosis de cinismo. Durante sus dos períodos de gobierno Castañeda ha utilizado los fondos públicos del municipio para organizar la plataforma política de su candidatura presidencial. El contrato municipal con los Hospitales de la Solidaridad que llevan el mismo nombre de su partido, el financiamiento de sus cuadros partidarios con fondos municipales, la colocación de enormes y costosos paneles con los colores de Solidaridad Nacional y con su propio nombre y la exigencia de que se mantengan el nombre de esos hospitales y los paneles (para que el municipio limeño le siga haciendo propaganda) constituyen no sólo una clara violación de la ética pública sino también la pérdida del más elemental sentido de decencia política. Caretas debiera distinguirlo con su condecoración semanal.

Si a todo esto se añade el escándalo de Comunicore, las graves denuncias de sobrevaluación del Metropolitano y la compra-venta de acceso a las candidaturas, la imagen de Castañeda resulta seriamente dañada y sus aspiraciones presidenciales pueden quedar a medio camino. Lo que más llama la atención es que Castañeda cree que el uso de los fondos públicos para apoyar su candidatura presidencial es normal (cuando se hace obra) y que, ante investigaciones de la Fiscalía por corrupción, él afirma que tiene su conciencia tranquila. Quiere erigir a su conciencia privada (¡y qué conciencia!) en el tribunal de la ética pública. Algo parecido planteó Lourdes Flores en las recientes elecciones municipales.

Las campañas electorales son muy costosas y los candidatos requieren ingentes recursos para tener éxito. En ese sentido, “un político pobre es un pobre político” como dijo un alto funcionario mexicano citado por Daniel Zovatto en uno de sus estudios sobre financiamiento de los partidos. Eso lleva a los políticos a buscar recursos de diversas fuentes y a los Estados a limitar los desbordes que conducen a la corrupción. Los principales temas regulables en el financiamiento de los partidos son los siguientes: el financiamiento público, el financiamiento privado, la prohibición de ciertas fuentes de contribución, los límites puestos a los gastos y la fiscalización y las sanciones. En el mundo existen dos grandes tradiciones sobre estos temas. Por un lado, los países europeos en donde el financiamiento de los partidos proviene principalmente del erario público. Por otro, el caso norteamericano en donde diversas contribuciones privadas financian a los partidos.

En A. Latina, predomina la tesis que ve a los partidos como asociaciones privadas que cumplen funciones públicas o de interés general y que, en esa medida, son sujetos pasivos de financiación pública, pero la fórmula predominante es el financiamiento mixto. Salvo Venezuela, todos autorizan la recepción de fondos públicos y privados. El financiamiento público a los partidos puede ser directo (entrega de dinero o bonos) o indirecto (exoneraciones tributarias, acceso a medios de comunicación, pago de franja electoral, etc.) o mixto (directo e indirecto). La mayoría de los países de AL otorga un financiamiento público mixto y sólo dos países (Perú y Chile) autorizan un financiamiento indirecto.

El financiamiento privado proviene de las siguientes fuentes: membresía de los afiliados, donaciones individuales, donaciones grupales (empresas, corporaciones), créditos y actividades partidarias. La mayor parte de los países prohíben ciertas contribuciones privadas (extranjeras, corporativas, contratistas del Estado, anónimas, obviamente del narcotráfico) y limitan las contribuciones privadas autorizadas. Sólo El Salvador, Guatemala y Panamá no ponen ningún tipo de límites. El problema del caso peruano es que las autoridades, comenzando por el Presidente de la República, no cumplen las leyes referidas a los partidos ni tienen capacidad para controlar y sancionar a los infractores de las mismas.