Debajo del Estado de derecho duerme la monarquía, escribió Carl Schmitt, el más brillante teórico de la reacción de todos los tiempos. Cuando las papas queman, el Estado de derecho se despoja de sus formalidades jurídicas y de sus oropeles discursivos para afirmar su soberanía a través de una decisión política que abre las puertas a la dictadura (y a la muerte) en nombre de la restauración del orden.
Sostiene, por eso, que la mejor manera de entender el Estado de derecho es pensarlo desde el Estado de excepción, del mismo modo que, para entender la política, hay que pensarla desde la guerra y para comprender a Dios hay que imaginarlo desde el milagro. Sólo se pueden producir conceptos políticos relevantes cuando se examinan los fenómenos aparentemente normales desde las situaciones exacerbadas y extremas.
Lo que hay que preguntarse, en la línea del pensamiento schmittiano, es si, con la declaración del Estado de excepción, Humala sueña y se despierta como un monarca y Nadine, como una reina. Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que los cortesanos de las derechas los aplauden mientras la plebe contestataria es reprimida y silenciada. Antes del Estado de emergencia, sin embargo, Humala ha venido actuando como si fuera un monarca absoluto que se niega a dialogar con el presidente de la región de Cajamarca y con los dirigentes de la protesta social, que conversa con los alcaldes a los que convoca con engaños para sacarle la lengua a Santos y que olvida que ha sido elegido Presidente de la República por los ciudadanos que, en una democracia, son los formales titulares del poder. La terca negación de Humala a dialogar echa más leña al fuego.
Los detentadores del poder (cualquiera sea su naturaleza), sin embargo, se piensan a sí mismos como los creadores y los defensores del orden y ven a los otros, especialmente a los de abajo, como los (potenciales o reales) productores del caos. Estos son, como dice El Comercio, la turba “enardecida”. Por sus cabecitas no pasa la perturbadora idea que ellos pueden ser o son con frecuencia la fuente de muchos problemas y conflictos. La codicia desmedida, la vanidad política, los prejuicios ancestrales les impiden verse a sí mismos como los generadores de la violencia y del desorden. No entienden ni están dispuestos a entender la genealogía verdadera de los diversos tipos de conflictos. Basta leer su prensa adocenada para darse cuenta de su pobreza intelectual y su pequeñez moral. Las protestas sociales provienen de la “turba enardecida” y de los agitadores extremistas. Este es el elemental diagnóstico de estos buzos de la superficie.
Los conflictos exacerbados de Cajamarca tienen dos grandes responsables: Yanacocha y los gobiernos de turno que han avalado los abusos de la empresa minera. El gobierno regional y algunos líderes políticos y sociales del movimiento contestatario tienen una responsabilidad menor. La protesta social contra la minera Yanacocha y contra el gobierno es justa, pero el fundamentalismo antiminero de algunos dirigentes es un error y la huelga indefinida es una medida confrontacional extrema que juega en pared con los halcones del gobierno y expone innecesariamente al movimiento social a la represión violenta. La gente rechaza a Yanacocha porque los daños que ella produce son mayores que los probables beneficios que ella otorga a la región. La prepotencia, los abusos, el maltrato, los daños al medio ambiente y a la agricultura cometidos por Yanacocha han sido apañados por los gobiernos de turno mientras que los reclamos de la mayoría de los cajamarquinos han sido desoídos y reprimidos.
Humala abrió la posibilidad de un nuevo trato, pero ella se esfumó en los primeros días de diciembre del año pasado cuando él mismo y su ministro del Interior (Valdés) boicotearon el diálogo del primer ministro Lerner con el gobierno regional y los dirigentes de la protesta e impusieron la confrontación como forma de resolver los conflictos socioambientales. Declararon el Estado de emergencia cuando ya no había una situación de excepción que lo justificara con la finalidad de imponer la confrontación, de desprenderse del gabinete Lerner y de sacar a la izquierda del gobierno. Instaurada la confrontación como método de solución de los conflictos, la polarización social y política, la huelga general indefinida, las movilizaciones agresivas de la población, el Estado de emergencia, la represión violenta y la muerte eran eslabones previsibles de una cadena peligrosa.
Mientras tanto, el gobierno está entrampado entre lo que dice y lo que hace. Habla de diálogo, pero declara el Estado de emergencia y ordena disparar. Aunque su palabra se ha devaluado mucho, Humala es el llamado a dialogar con el presidente regional y los dirigentes de la protesta social y con los empresarios mineros para buscar una salida conjunta a la situación de impase que se ha producido. Es de esperar que los facilitadores de la Iglesia (monseñor Cabrejos y el padre Garatea) ayuden a tender los puentes necesarios para establecer el diálogo y encontrar una solución salomónica al difícil problema. Y si los políticos no pueden llegar a un acuerdo, entonces que la región resuelva el problema a través de un referéndum en el que se consulte si Conga va o no va y si va en qué condiciones va.
