Con el anuncio de la Newmont-Yanacocha de que acepta implementar las sugerencias de la evaluación encargada por el gobierno, seguida por el mensaje del presidente Humala anunciando que “Conga va”, y con el airado rechazo de los dirigentes de la movilización popular cajamarquina, que se ratifican en que “Conga no va” y que Ollanta Humala ha traicionado a sus electores, la situación ha llegado a un punto muerto. A un semestre del cambio de gabinete y estrategia hemos vuelto al punto de partida.
Los voceros del gobierno sostienen que la movilización popular es consecuencia de la acción de unos pocos agitadores; el ministro Pulgar Vidal ha llegado a la conclusión de que se trata de “una sola persona”. Pero el paro regional está por cumplir un mes y habrá que reconocer que, o en Cajamarca están los mejores agitadores del mundo, o hay un importante sector de la sociedad cajamarquina que expresa su indignación en las movilizaciones diarias por las calles. Quizás sea mejor tratar de ver más allá de las dirigencias. Un buen amigo me sugirió una entrada sugestiva que comparto con ustedes.
Es evidente que hay reacciones encontradas con relación a la gran minería. Gruesamente, estas se organizan en torno a la fractura campo-ciudad.
Por una parte está el campesinado, que tiene una larga experiencia de relaciones negativas con Yanacocha. Su resentimiento tiene sólidas razones. Años atrás, Newmont, la socia de Yanacocha, encargó una auditoría ambiental a Larry Kurlander, uno de sus propios ejecutivos. Este registró 20 faltas graves, entre ellas la contaminación del agua y la conversión de las rocas en suelo ácido. Advirtió que no se cumplía ni con los estándares ambientales de EEUU ni con los del Perú. Su sinceridad le costó caro; terminó renunciando. Todo está escrupulosamente documentado –incluidas las declaraciones de Roque Benavides, el dueño de Yanacocha, que “odia” la palabra “licencia social” y solo requiere la de las autoridades– en el extraordinario informe televisivo del New York Times “La maldición del oro inca” (http://bit.ly/uctvG5). Adicionalmente Felipe Ramírez Delpino, nombrado gerente de Relaciones Institucionales de Yanacocha el 2005, constató que la empresa había incumplido 250 convenios suscritos con las comunidades de su entorno por un monto de 75 millones de dólares. No es de sorprender pues que para el campesinado de Cajamarca la continuación del proyecto Conga que sea la promesa de nuevas calamidades. Con esos antecedentes, se va a necesitar algo más que la elocuencia de Luis Castañeda Lossio para convencer a los ronderos de que esta vez la historia será diferente.
La historia es diferente para los habitantes de la ciudad. Para éstos, la gran minería significa una inyección de recursos que beneficia a muy diversos sectores económicos: alojamiento, alimentación, vivienda, comercio, transporte, entretenimiento, etcétera, etcétera. También las instituciones urbanas, como las universidades, tienen bastante que ganar. La situación tiene una notable analogía con las relaciones entre los habitantes del Perú urbano y del Perú rural: éstos esperando una lluvia de calamidades de la minería y aquellos acusándolos de intentar detener el progreso del país.
¿Por qué no se saca entonces Conga adelante con el apoyo de los pobladores urbanos? En primer lugar, porque los recursos mineros están en tierras de las comunidades campesinas y no debajo de las ciudades (para suerte de éstas; si no, pregúntenles a los pobladores de Cerro de Pasco, una ciudad varias veces destruida). En segundo lugar, porque en Cajamarca el peso del campesinado es muy grande y su larga experiencia de organización en rondas campesinas lo convierte en un interlocutor ineludible.
De momento, el gobierno juega a que la movilización se desgaste y los dirigentes de ésta a generalizar el conflicto. Son alternativas riesgosas, que en cualquier momento podrían desembocar en una tragedia. La propuesta del ex premier Salomón Lerner, de proponer un referéndum en Cajamarca en torno a Conga, podría ayudar a destrabar democráticamente la situación.
