A los economistas les enorgullecía el carácter “objetivo” de sus temas, a diferencia de las otras ciencias sociales, tan dadas a los fenómenos subjetivos. Hasta que alguien llamó la atención sobre el papel decisivo que jugaba en la economía un factor abiertamente subjetivo: la confianza.
Confiar o desconfiar son estados de ánimo; son altamente subjetivos, y es inconcebible pensar la economía moderna sin el cemento de la confianza. Para dar un ejemplo elemental, la moneda sólo existe porque la gente confía. Un billete no tiene objetivamente un gran valor: a precios de mercado su costo de producción asciende a unos centavos. Pero una vez que es lanzado a la circulación adquiere un valor muy superior a su valor intrínseco y completamente independiente de este. No hay gran diferencia entre un billete de 200 soles y otro de 10, ni en el papel, ni en la tinta utilizada, ni en las máquinas en que se imprimen, ni en el trabajo para elaborarlos. Tienen pues el mismo valor intrínseco, o uno muy semejante. Sin embargo en el mercado con uno puedo comprar 20 veces más bienes que con el otro.
Comprar y vender es posible porque otorgamos a los billetes que utilizamos un valor que no es el suyo propio, sino el que adquieren en representación de otros valores que deben existir (bienes, servicios, reservas monetarias), que les sirven de respaldo. Y hay una entidad, el Estado, que se encarga de asegurar que tal respaldo existe. La confianza que ponemos en que las cosas son así es la base sobre la que se construye toda la economía. La inflación acumulada de 2’178,482% del primer gobierno de Alan García (la segunda de la historia de la humanidad) ilustra dramáticamente qué consecuencias tiene la pérdida de esa confianza.
Si la confianza es decisiva para la economía, lo es aún más para la política. En sociedades atravesadas por profundas desigualdades socioeconómicas, culturales, educativas, étnicas, regionales, etc., sólo es posible crear un poder legítimo a partir de construir una ficción jurídica: un espacio de igualdad formal, al que llamamos ciudadanía, en el cual todas las diferencias reales que nos separan se ponen en suspenso, y entonces somos iguales ante la ley, tenemos los mismos deberes y derechos, tiene igual valor el voto de un mendigo que el de un magnate, todos podemos elegir y ser elegidos, etc.
Para que esta ficción jurídica funcione tiene que ser verosímil. Y no lo es si la ley no es igual para todos, si se aplica con nombre propio y si los representantes traicionan la confianza de sus representados. Tal cosa sucede cuando no cumplen su palabra y se pasan a defender los intereses de sus enemigos de ayer (los mismos que gastaron millones en campañas inmundas contra ellos) y dejan a sus electores sin canales institucionales a través de los cuales defender sus intereses.
Es lo que sucede con los comuneros de Cajamarca y Espinar, cuando aquel a quien otorgaron su voto, porque les prometió defenderlos frente a la destrucción de las fuentes de agua y la contaminación, se convierte en defensor de los intereses de las empresas mineras (en una excelente caricatura de Carlín, el premier Valdés muestra como prueba de que los pobladores de Espinar son “radicales violentistas” el hecho de que el 76% de ellos votó por Ollanta Humala). Así, sólo se deja abierto el camino de la movilización, y por eso ésta es reconocida como un derecho ciudadano.
Se rompe el principio de que la ley no tiene nombre propio cuando se dispone que los detenidos de Espinar y Cajamarca sean juzgados en Ica y Lambayeque, respectivamente¸ violando el Artículo 139°, inciso 3 de la Constitución, que a la letra dice: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. Muestra un excelente humor negro el premier Óscar Valdés cuando dice que quiere dialogar, luego de encarcelar a sus interlocutores.
Al borde de la escisión de su bancada, el presidente Humala entra en una semana de definiciones cuya importancia es difícil avizorar.
