Un día después

Por Nelson Manrique



La condena impuesta a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer constituye un verdadero hito en la historia del Perú.



En los diecisiete años transcurridos desde que se perpetraron estos crímenes hubo que vencer obstáculos casi insuperables para lograr que se haga justicia y gran parte del mérito corresponde a los familiares de las víctimas, que a lo largo de su duro calvario contaron con el apoyo de grupos de defensores de los derechos humanos y especialmente de Aprodeh.



El esclarecimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue bloqueado desde cuando el general Nicolás de Bari Hermoza –utilizando su condición de comandante general del ejército– sacó los tanques a la calle para amenazar a quienes denunciaban el crimen. La bancada fujimorista recurrió luego a todas las artimañas posibles para intentar bloquear toda investigación; es de recordar a Martha Chávez argumentando que los estudiantes de La Cantuta se habían “autosecuestrado”.



A pesar de todo, la verdad fue abriéndose paso. El trabajo de la prensa independiente puso en evidencia la existencia del grupo Colina. En el camino quedaron la agente de inteligencia Mariella Barreto, compañera sentimental de Santiago Martin Rivas y madre de su hijo, asesinada y decapitada por atribuírsele haber filtrado información a la prensa. Leonor La Rosa, otra agente, fue torturada hasta dejarla parapléjica. Cuando la presión nacional e internacional obligó a juzgar a algunos integrantes del grupo Colina, el Parlamento fujimorista sustrajo a los procesados de la justicia civil para entregarlos a un tribunal militar que realizó un juicio en que ni siquiera se convocó a los altos mandos implicados y al que nadie tuvo acceso. Sentenciados los asesinos, fueron confinados en un encierro dorado, con sueldo completo y premios. Se amotinaron meses después, reclamando la amnistía que se les había prometido, a cambio de que eximieran de responsabilidad a los mayores responsables. Cumplió entonces el Parlamento fujimorista otorgando la ley de amnistía, ardorosamente defendida por Rafael Rey. Largo ha sido el camino recorrido para llegar a la ejemplar sentencia dictada por los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.



El grupo Colina no solo asesinó a inocentes en Barrios Altos y La Cantuta sino hasta asesinó a trabajadores por contrata, como los campesinos del Santa, liquidados por sindicalistas, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Saúl Cantoral, y el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fujimori es además responsable de la comisión de otros delitos abominables, como la esterilización sin su consentimiento de decenas de miles de mujeres peruanas.



Los 25 años de prisión de Fujimori hacen justicia, aunque estos últimos delitos no hayan sido motivo del juicio. Después de todo, a Al Capone no se le probó ningún crimen, y terminó en prisión por evasión de impuestos.



Como peruano, luego de la náusea de los escándalos político-delincuenciales de los últimos meses –cuyo colmo es la condena dictada contra Fernando Rospigliosi en el Parlamento, por los corruptos que él ha denunciado–, da gusto sentirse orgulloso de estos jueces.