Un discurso muy popular sobre el conflicto de Conga sostiene que este es básicamente un problema de comunicación: “¿A quién habría que enviar –pregunta una guapa periodista a su invitado– para que los campesinos entiendan?”. Jaime de Althaus insiste en que se utiliza la cuestión del agua –un tema evidentemente sensible– para manipular al campesinado, y apela a su condición de antropólogo para defender la validez de su interpretación. Esto, claro, es mezclar cuestiones de diferente índole, pues la antropología ha producido tanto excelentes discursos anticoloniales como ha provisto a los ministerios de las colonias de excelentes funcionarios, antes de que se vinieran abajo los imperios. El presidente de la SNM reconoce en tono autocrítico tres importantes limitaciones: “Comunicación, comunicación y comunicación”. Se diría que es difícil encontrar a alguien capaz de descender al nivel de los campesinos para hacer entender a estos lo que se están perdiendo. ¿Recuerdan a PPK explicando que el problema es que en la sierra no hay suficiente oxígeno?
Los indígenas fueron recién reconocidos en el ordenamiento jurídico peruano en 1920. El gobierno de Leguía, tras un siglo de la fundación de la República, reconoció la existencia legal de las “comunidades indígenas”, declaró el 24 de junio Día del Indio y decidió que el Estado asumiría la protección de los indígenas, ejerciendo la tutela sobre ellos. La tutela, según el diccionario de la RAE, es: “autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil”. Se consagró así un viejo tópico racista por el cual los indios son vistos como “niños grandes”, o “niños envejecidos”, como los llamó Francisco García Calderón. Para los gamonales, los indios eran “sus hijitos”, y, en reciprocidad, estos llamaban a aquellos tayta (papá) o papay (“mi papá”). Si en EEUU el discurso racista construyó al negro como un personaje peligroso, poseedor de una sexualidad animal que amenazaba a las blancas, en el Perú se tiñó de paternalismo tutelar.
¿No entienden los campesinos de Cajamarca? La principal fuente de conocimiento de los humanos es nuestra experiencia vital y no es necesario retroceder gran cosa para constatar sobre qué experiencias se fundamenta la resistencia del campesinado. Un excelente informe de Ricardo Uceda recuerda que Felipe Ramírez Delpino, nombrado en el 2005 gerente de RRII de Yanacocha, encontró que durante los años anteriores la empresa había incumplido 250 convenios suscritos con las comunidades de su entorno por un monto de 75 millones de dólares. “¿Cómo quieren que los quieran?”, se preguntaba (“Peripecias de un Caballero nomás en el Paro de Cajamarca”, LR, 2/12/11).
Newmont, la socia de Yanacocha, atendiendo a innumerables quejas, encargó realizar una auditoría ambiental a uno de sus ejecutivos, Larry Kurlander. Este constató la existencia de 20 graves faltas, que incluían la contaminación del agua y la conversión de las rocas en suelo ácido, y constató que no se cumplía con los estándares ambientales de EEUU (como sostenía la empresa), y ni siquiera con los de Perú. Ante la indiferencia de la empresa, Kurlander terminó renunciando. Él sostiene que la “licencia social” para operar es imprescindible, y esta debe ser renovada día a día: “si no te ganas la confianza de la gente que trabaja y ha vivido allí por siglos vas a tener problemas”. No es la opinión de Roque Benavides, el dueño de Yanacocha, quien declara que “odia” la palabra “licencia social” y que le basta con la de las autoridades: “yo no espero una licencia de toda la comunidad” (véase el informe televisivo del NYT, “La maldición del oro inca”: http://bit.ly/uctvG5). La licencia social equivale al permiso que otorgarías a una persona que te propone demoler tu casa, porque debajo hay un tesoro.
¿A quién habría que enviar para que entiendan los mineros?
