Sin duda es uno de los temas del presente y ya no del futuro: la escasez de aquello que los nuevos funcionarios y los periodistas holgazanes denominan “recurso hídrico”. El agua, las cabeceras de cuenca, las lagunas, los ríos, los puquiales: son precisamente los espacios donde empiezan los grandes conflictos sociales del Perú en la actualidad. No se trata de un tema nuevo: este fue el motivo por el cual los campesinos alrededor del cerro Quilish en Cajamarca, hace algunos años, se enfrentaron a las autoridades y a los directivos de Yanacocha. ¿Pero por qué aparece de nuevo? Por los embalses —nunca tan literario el sustantivo— de expectativas que tienen los campesinos y regantes sobre el tema específicamente, pero además, porque es un tema vital que nos debe interesar a absolutamente todos.
Ese ha sido el problema en Conga en Cajamarca; el problema de la laguna Parón en Áncash; el motivo del conflicto entre dos regiones por el proyecto Majes-Sihuas, en la frontera entre Cuzco y Arequipa, y ahora el de Andahuaylas que ha producido varios heridos, otros tantos funcionarios del Estado resguardados en la Comisaría y, sobre todo, una frustración tremenda de la Junta de Regantes porque los funcionarios les dijeron que no tenían “capacidad para negociar los pedidos exigidos por la población”. Es decir, el mismo cuento del gobierno anterior: el envío de funcionarios que, por más buena voluntad y empatía que tengan, si no tienen poder para asumir responsabilidades entonces la mecida es percibía con alevosía. En este caso me refiero a Andahuaylas. Pero hubo también una percepción negativa cuando uno de los funcionarios, por despiste o desatino, se regresó a Lima en el avión de la empresa que está en conflicto con la población (el ministro Herrera Descalzi se regresó en el avión de Yanacocha). En buena cuenta, a Ollanta Humala se le ha venido el huayco de los conflictos sociales embalsados, y todos con la misma necesidad, la protección del agua.
Por otro lado, tenemos a los empresarios de la Sociedad de Minería, entre otros, que sostienen que el agua nunca se acabará porque ante la desaparición de dos o más lagunas, se reemplazarán con reservorios. Así entonces los consabidos periodistas oficiosos nuevamente dicen que las quejas no tienen sentido y que se deben solo a la ignorancia de los que protestan (léase, electarados). Pero, francamente, ¿si se hacen cuatro reservorios que son más grandes que las dos lagunas que se secarán acaso la situación no mejora? “No estamos hablando de baldes de agua”, como bien dice Carlos Monge, “se trata de eco-sistemas: toda una serie de recursos naturales que crecen alrededor de las cuencas”. Hablamos de algo mucho más complejo que, además, atraviesa otros dos temas álgidos: la desconfianza que crece, tormentosa.
El presidente Humala sabe perfectamente de estas expectativas y, por eso mismo, se ha insistido tanto en la Ley de Consulta Previa, y ahora en su reglamentación. Lamentablemente la desconfianza ha crecido luego de que se destituyera a Vicente Otta (ex viceministro de interculturalidad), pero sobre todo a Raquel Yrrigoyen (ex Jefa del INDEPA), quien es una de las más importantes especialistas en pluralismo jurídico en América Latina y una persona que sí contaba “y cuenta” con la confianza de numerosas asociaciones indígenas y campesinas. Es decir, ahora los operadores del Estado que deben realizar la reglamentación y posteriormente la institucionalización indígena, tendrán que hilar fino con las asociaciones indígenas, para poder volver a ser confiables. Y lamentablemente, como sostiene Javier Torres, la reglamentación de la Consulta Previa no será la fuente de solución de todos los conflictos. Todavía queda mucha agua bajo el puente.
