La semana pasada un artículo firmado por Marcos Aquino y Terry Wade, ambos periodistas de Reuters, ha causado un conato de escándalo, y como siempre, los oficiosos del gobierno han salido a dar declaraciones sin informarse como corresponde. El artículo se refiere a una “petición sobre el Caso Madre Mía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” aunque en el primer párrafo del mismo se obvia la fecha de presentación de tal petición: hace dos años.
Los ayayeros y los periodistas siempre funcionales a las más mezquinas intenciones, no pudieron aguantar antes de salir a declarar que los “caviares” locales en alianza con los “caviares” de la CIDH se querían tumbar a un presidente exitoso justo en este momento en que se encontraban los mineros encerrados en el socavón, en que los terroristas remanentes de SL en el VRAE han secuestrado a decenas de trabajadores, en que Cajamarca espera bajo movilizaciones los resultados del peritaje internacional y en que Ollanta Humala está a punto de viajar a la Cumbre de las Américas. Como planetas en línea recta, ambos tipos de caviares, locales e interamericanos, utilizando las argucias más pérfidas y maquiavélicas, se ponen de acuerdo para hundir al hombre fuerte de este país soltando a uno de sus demonios. En resumen: una soberana estupidez que no resiste exégesis posible.
Por eso, colegas y congresistas, los artículos en el periódico digital deben leerse completos y no a medias ni en diagonal, si es que luego van a replicarlos o a opinar sobre ellos. Aquino y Wade han investigado y cruzado fuentes, el requisito mínimo para escribir periodismo y no libelos; sin embargo, al no consignar la fecha de la presentación de dicha petición a la CIDH, sino en el cuarto párrafo, lo que han logrado es desubicar al lector desprevenido pues el titular insinúa que dicho pedido es una “noticia”, ergo, una novedad. Lo cual no es cierto. No hay novedad en una acción pública de hace dos años. Por otro lado, los maledicientes émulos de Goebbels, han “obviado” ese detalle y se han lanzado a sostener que se trata de una acción concertada contra el Presidente del Perú. Ese no es un error. Esa es una estrategia para inducir a errores a los lectores mintiendo, con el objetivo final de justificar algo que la DBA, el fujimorismo y todos los violadores de derechos humanos quieren: que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Lamentablemente la DBA, el fujimorismo, los perpetradores y los periodistas genuflexos a todos los anteriores, están consiguiendo que la opinión pública yerre y crea que el Sistema Interamericano de DDHH nos hace daño. Por eso la encuesta de IPSOS APOYO citada en el artículo de Reuters informa que un tercio de encuestados apoyan el retiro de la CIDH. Miente, miente que algo queda, decía el creador de esa maquinaria infernal llamada campos de exterminio. ¿Y si los alemanes se la creyeron, por qué no los peruanos?
Sin embargo, todavía confío en el olfato de los peruanos ante la mendacidad. Por eso creo que debemos analizar por qué ciertos sectores quieren levantar una vez más esta bandera. Todas las razones jurídicas, procesales y de derecho internacional público sobre la petición a la Comisión han sido recogidas y expuestas en pronunciamientos como los del IDL y de la CNDDHH o en declaraciones como las de Ronald Gamarra. Todos aclaran que esta petición es para “que el Estado garantice la búsqueda de los culpables”, entendiendo que nunca se halló a ningún responsable y por lo tanto el asesinato de Natividad y Benigno sigue impune. Lo que pedimos, lo que siempre pedimos, es que se haga justicia. No obstante, muchos quieren utilizar esta “no-novedad” para desprestigiarnos. Personalmente solo quiero aportar con algunas ideas sobre el motivo profundo por el cual estos actores inducen a error al Presidente del Perú, a diversos funcionarios públicos y al pueblo en general.
Razones para salirse del sistema (interamericano)
El capitalismo extractivista ya no requiere de la democracia, al contrario, la democracia como espacio de debate y ampliación de derechos no es funcional sino un obstáculo, y por eso las megacorporaciones exigen a los Estados que sean cada vez más autoritarios. Por eso mismo cada vez hay más dificultades para sindicalizarse. Hoy los grandes medios de comunicación, como los del Grupo El Comercio o Epensa, son espacios donde el lobby de las industrias extractivas cumple el papel de difundir en la opinión pública la idea que quien propone otro tipo de desarrollo y un manejo responsable del medio ambiente es “radical, extremista y antisistema”. Llamarnos terroristas sería un poco exagerado, pero lo han hecho. Las empresas mineras incluso han querido demonizar a los líderes de estos nuevos movimientos sociales y lo peor de todo es que han tenido éxito. Por supuesto, no lo hubieran podido tener si no fuera con la ayuda de los funcionarios del Estado que han criminalizado a centenas de líderes, o incluso solo de marchantes, empapelándolos con denuncias policiales o fiscales. En Cajamarca se ha llegado a denunciar a un ingeniero de la universidad por dar una opinión técnica sobre recursos hídricos.
No se trata de una situación aislada del Perú, lo mismo sucede en Colombia que tiene miles de dirigentes presos y hasta desaparecidos, o en Brasil con ambientalistas asesinados a tiros. En nuestro país líderes como Marco Arana en Cajamarca o Rosa Amaro en La Oroya, y por motivos bien diferentes, son reglados, perseguidos, amenazados y chuponeados. El capitalismo extractivista espera y desea que solo un modelo de desarrollo se imponga: el primario exportador, cuyo aporte al PBI del año pasado ha sido el 11%, esto es, lo mismo que aporta la gastronomía en nuestro país.
Hoy el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está girando a la protección de estos defensores del ambiente, así como de grupos vulnerables como las comunidades indígenas, y de otros liderazgos provenientes de los nuevos movimientos sociales que reclaman con justicia la ampliación de derechos. La ampliación de derechos, a diferencia de la “inclusión social”, es peligrosa para el nuevo capitalismo corporativo.
Por eso apostar por el tema de la inclusión social es bailar al compás de las empresas y sus propuestas de “responsabilidad social”. No implica ampliación de derechos sino “acceso de aquellas personas que no están incluidas en los derechos ya existentes” siempre y cuando sea “dentro de los marcos” que les convienen. Por eso mismo defender los derechos humanos hoy, como ayer durante las diversas violencias políticas de nuestros países (recuérdese a Pinochet y los Chicago boys) es apostar por contravenir la lógica de los mega-capitalistas, sean estos canadienses o chinos. El SIDH es un garante de los movimientos sociales y eso no les conviene ni a las empresas ni a los Estados que encubren a los malos empresarios como ayer a los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Así de simple.
Mientras escribo estas líneas me encuentro en el foro de actores sociales de la Cumbre de las Américas, adonde asistirá el presidente Evo Morales y Hillary Clinton, como los superinvitados y apenas algunos minutos para la clausura. Al foro de empresarios –adonde llegan desde Carlos Slim hasta los ejecutivos de Ripley– van 15 de los 33 presidentes, incluyendo por supuesto a Barack Obama y Dilma Rousseff que presentarán conferencias. Esa es la diferencia.
