“Ollanta Humala Tasso ha sido militar, sabe las cosas que han pasado” es lo que sostiene la señora Diosinia, morochuca de la zona de Cangallo, que en tanto heredera de una tradición de luchadores y guerreros no se amilanó ante las ofensas y violaciones de derechos humanos que sufrió durante los años 80 y pudo defender su dignidad denunciando a quienes la habían violado. Y agrega: “Nosotros no nos victimizamos, no nos quedamos llorando sin hacer nada, nosotras luchamos”.
No es fácil, al contrario, salir adelante y denunciar este delito implica asumir muchos dolores, una entereza a prueba de dilaciones, de engaños, de postergaciones y una tenacidad contra esos procesos burocráticos verdaderamente kafkianos. ¿Por qué el Estado maltrata a mujeres que han sido violentadas en sus cuerpos por miembros de instituciones del Estado?, ¿por qué muchas veces sobre ellas recae la carga de la prueba?, ¿por qué no se les cree?
La semana que acaba de pasar llegaron de diferentes partes del Perú, de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín y otros lugares, mujeres que han podido abrirse paso contra el miedo y el silencio de los años, contra las puertas cerradas de las instituciones del Estado, para dejar constancia de que fueron violadas o abusadas sexualmente, tanto por los miembros de las Fuerzas Armadas como por los miembros de los movimientos subversivos o por ronderos de comités de defensa. Hablaron ante fiscales y funcionarios del Estado en el recinto de la ONU en un seminario sobre el tema. Y junto con ellas nos preguntamos por qué desde los diversos lados del conflicto las mujeres fueron sometidas, humilladas, doblegadas, oprimidas y avasalladas. Simplemente porque el cuerpo de la mujer, desde los primeros enfrentamientos humanos, ha sido motivo de caza, de pelea, de discusión, pero sobre todo botín de guerra y ensañamiento con el enemigo.
Dionisia, Jesusa, Irene, Maximiliana, Santosa, Estela, Magda, Amalia, Adelina y todas las demás rosas, marías, elenas o angélicas, aquellas que portan sobre sus cuerpos la herida de la guerra, nos exigen volver a recordar y entender que lo personal, lo propio del cuerpo, los daños que se ejercen sobre él, son también políticos. “No hemos sido solo violadas sino violentadas, maltratadas, nos han dejado desnudas, me agarraron como a Túpac Amaru jalándome de los brazos y las piernas”, nos dice Amalia, con lágrimas negras de rabia. Esa violación sexual y otras miles fueron permitidas y alentadas por los grupos de varones, que constituyeron todos los lados del conflicto armado interno. Esa violación sexual y otras formas de abusos, como manoseos, desnudamientos, uniones forzadas y abortos forzados, fueron justificadas por sus mandos o comandos alegando que la sexualidad del varón es irrefrenable. Esta estúpida justificación la han pronunciado generales y terroristas.
Sin embargo, contra todo pronóstico, estas mujeres siguieron adelante y educaron a sus hijos e hijas, producto de esos abusos, y ahora tienen nietos, pero aún no tienen ni justicia ni reparación. Exigir justicia y reparación es nuestro deber para poder salir del proceso perverso del sometimiento durante los años del terror y de ese rol pasivo que casi todos cumplimos en él. Asimismo, para seguir adelante como víctimas de toda esa violencia, es bueno recordar lo que una poeta americana –Adrienne Rich– dijo en uno de sus versos: “la fuente de sus heridas era la fuente de su poder”.
