Toda la semana se ha hablado de los niños secuestrados por las huestes de los camaradas José, Gabriel y los otros hermanos Quispe Palomino en el VRAE, se ha levantado la voz de las instituciones y del Estado, el presidente Ollanta Humala se ha indignado y ha dicho que se van a “recuperar” a esos niños y el premier Valdés ha conminado a las ONGs de derechos humanos y protección de la infancia a que hagan algo. Sin embargo, los niños secuestrados del VRAE siguen ahí. Con su inocencia interrumpida, con sus war-games totalmente reales, con sus prácticas rutinarias y asfixiantes, cantando canciones como “empuña tu fusil/ que es tu felicidad” para seguir empuñando sus fusiles, sus AKMs, su miseria. Creyendo que ese es el mundo real. Creyendo que esa exclusión será su sino durante toda su vida.
¿Qué debemos hacer? Todos hablan de planes integrales, el asunto es que el VRAE tiene varios de ellos. Desde hace años se han hecho diagnósticos, evaluaciones, y se han propuesto estrategias y metas, pero lo que les falta a todas estas buenas intenciones es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas siempre mezquina: presupuesto. Se requiere de real voluntad política para empezar a poner coto a esta miseria de peruanos y peruanas que, debido precisamente a los índices de pobreza de la zona, han sido permeados por el narcotráfico y por el terrorismo. Un niño gana un jornal de 3 soles por cosechar coca. Si una niña de 14 años, matziguenga, es intercambiada por algunos objetos valiosos y dada como “esposa” de cualquier individuo que puede comprar algunas latas de atún, entonces la posibilidad de que estos niños sean enrolados en el Militarizado Partido Comunista del Perú es, para sus padres, la urgencia de salvarles la vida.
Finalmente, los terroristas de esta zona tienen dinero y pagan bien por la comida y los enseres.
Carlos Tapia ha propuesta la creación de una Oficina del Alto Comisionado de Pacificación del VRAE, con cargo de ministro, presupuesto y asiento en el Consejo de Ministros, porque la situación lo requiere y lo exige. No podemos caer en el mismo error de los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García: dejar en manos de los militares la solución de esa zona atestada de narcotraficantes y sus guachimanes, zafando cuerpo cuando se requiere civiles para asumir las decisiones de gobierno. No repitamos la historia ayacuchana. El Ministerio de Inclusión Social tiene que tomar cartas en el asunto, porque solo con la esperanza de una inclusión real estos niños serán salvados. Y nos referimos a los secuestrados por SL pero también a los que trabajan con los cocaleros y a los niños indígenas que mueren de abandono.
El miércoles pasado en el programa Lo Justo, de La Mula TV, entrevisté a Rosa Lía Chauca, educadora de REDINFA, quien ha trabajado con niños soldados desde hace varios años, y una propuesta innovadora que ella sostuvo durante la entrevista era no entender que “rescatarlos” implique sacarlos de la zona sino, por el contrario, asumirlos dentro del mismo VRAE desde diversos programas sociales inclusivos. Para ella “sacarlos” y trasladarlos al INABIF en el Cusco o Ayacucho sería potencialmente más traumático que re-educarlos a partir de programas específicos en la zona. Según informes del antropólogo Adolfo López Córdova, quien ha trabajado desde hace varios años en la zona de Kiteni, la mayoría de la población infantil del VRAE son “rubios”, es decir, niños totalmente desnutridos, con índices que pueden llegar en ciertas zonas al 72%. Estas cifras deben escandalizarnos. ¿Cuántos años más vamos a seguir denunciando para salvar a estos hijos del terror?
