Huamanquiquia, 1° de julio de 1992. Un grupo de cinco senderistas entraron a este poblado ayacuchano, golpearon a los que pudieron, les cortaron las trenzas a las mujeres y luego procedieron a asesinar a 18 personas. Fue la última masacre. Hubo decenas de masacres anteriores. Las peores fueron Lucanamarca, con 90 personas asesinadas a machetazos, y el caso del “Expreso de la Muerte” o “Expreso Cabanino”, con más de 160 personas asesinadas por un grupo al mando del “camarada José” y a bordo de un terrorífico ómnibus interprovincial, que atravesó 34 poblados, asesinando a casi todos los que encontraron a su paso. ¿Es posible olvidarlos?
No podemos olvidar lo que significó el PCP-SL en nuestro país: para eso hay que leer el respectivo informe de la CVR y el capítulo dedicado al principal causante de la mayor cantidad de muertes durante el conflicto armado interno. Aducir un argumento democrático para inscribir a un partido cuyas siglas consignan la palabra “amnistía” y cuyo objetivo es que se deje libres a todos los perpetradores de violaciones de derechos humanos es verdaderamente entender que la democracia es estúpida. Y la democracia no puede ser imbécil. La democracia no puede permitir que un grupo de personas utilice los recursos de la democracia para fines antidemocráticos. Eso sería sostener al Estado de Derecho en una falacia. Por eso consideramos que el JNE debe impedir la inscripción del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).
Precisamente, el Movadef coincide con algunos sectores militares en considerar que la reconciliación puede darse sobre la base del olvido, de la negación de justicia a miles de víctimas, situación que es totalmente improcedente. La única manera en que se dé una verdadera reconciliación es sobre la base de la memoria y la justicia, y eso implica planes de búsqueda de desaparecidos y juicios justos a todos los violadores de derechos humanos, así como reparación para las víctimas. Un asunto es la libertad de opinión, otro totalmente diferente es permitir que un grupo desestabilizador utilice el sistema democrático para sus objetivos subalternos. Por eso mismo sería un verdadero despropósito no rechazar firmemente esta pretensión.
Para aquellos jóvenes y no tanto que sostienen que una democracia debe aceptar todas las ideas y, por lo tanto, aceptar la inscripción de un movimiento como Movadef en el registro de partidos electorales, creo que están equivocados y confunden libertades democráticas con mal uso de las normas electorales. Que no se inscriban como partido político no implica que no dialoguen o que no puedan debatir sobre sus ideas: Alfredo Crespo ha pasado por todos los canales de televisión y, en la medida que somos una democracia, ha debatido hasta con Mónica Delta. Tiene libertad de decir lo que piensa y de defender a Abimael Guzmán, precisamente porque en una democracia hasta Guzmán tiene derecho a un abogado. Pero convertir el Movadef en un partido legal sería simplemente convertirnos en una sociedad amnésica. Y en nuestro país olvidar el conflicto armado interno es inmoral.
