Por Juan De la Puente
El reciente Monitoreo de Cultivos de Coca 2010 en el Perú publicado por la Oficina de las NNUU para la Droga y el Delito (ONUDD) informa del reforzamiento de tres fenómenos en los valles cocaleros. Los tres remiten al Estado y dan cuenta de aciertos u omisiones en la lucha contra el narcotráfico.
La primera novedad es la descocalización del Alto Huallaga (Huánuco y San Martín). Allí, los cultivos de coca cayeron 25% en un año; en el análisis se coincide en que a este resultado concurren tanto el cumplimiento de las metas de la erradicación, concertada o no, como la ejecución de los programas de desarrollo alternativo cuyo éxito es innegable. Del informe se extrae, no obstante, que la zona más resistente es la subcuenca del Monzón, donde no se ha realizado labores de erradicación y donde las posibilidades de desarrollo alternativo son debatibles.
El segundo fenómeno es la conversión del VRAE en el primer valle cocalero peruano. El “nuevo Dorado” ha incrementado sus cultivos en 12%. Del total de hectáreas a nivel nacional (61,200) se encuentra allí un tercio, con un dato añadido: el promedio nacional de rendimiento de coca es de 2,2 TM por hectárea pero en el VRAE este rendimiento se ubica entre 3 y 4 toneladas. Por esa razón, allí se produce el 55% de la coca peruana. Debe llamar la atención que en el VRAE no hay erradicación y el desarrollo alternativo es incipiente.
Un tercer elemento del informe es la consolidación de los nuevos valles cocaleros. La “nueva” coca va en alza en los valles del Putumayo, Marañón y Bajo Amazonas, donde crece 90% en un año, en Pichis Palcazu (59%) y Kcosñipata, Cusco (12%). Debe agregarse, sin embargo, que Inambari-Tambopata (Madre De Dios), es ya el cuarto valle cocalero del país, con 3,500 has. de coca, decenas de ellas cultivadas en el santuario ecológico de Bahuaja Sonene.
El informe de ONUDD indica que el Perú ha logrado “desacelerar” el crecimiento de los cultivos de coca y neutralizar el efecto globo que se produce por la intensiva erradicación de ese producto en Colombia. En el próximo lustro, una adecuada política en ese campo debe implicar más desarrollo alternativo, más erradicación y más interdicción. Habría que tener en cuenta que decomisamos solo 17 de las cerca de 300 toneladas que se producen, una incautación casi simbólica.
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