La suspensión de operaciones del proyecto minero Conga es el desenlace de varios errores y ausencias. En la perspectiva inmediata, proyecta una innecesaria debilidad del gobierno, un desgaste del papel arbitral del Presidente y una indeseable fragilidad del equilibrio de fuerzas que el mismo Ollanta Humala fundó acertadamente hace pocos meses.
La conclusión más importante de este episodio quizás sea que el juego de grandes actores públicos al que se había reducido la política los últimos años ha encontrado un límite: la calle. La falta de Estado y partidos, de interlocución y diálogo, y legitimidad y confianza, agranda las brechas detectadas, especialmente las políticas y territoriales.
La sociedad, en esta ocasión Cajamarca, encara y resuelve a su manera los conflictos que los actores abordan con un esquema cuestionado desde el Arequipazo del 2002, pasando por Tambogrande (2003), Kilish (2004), Combayo (2006), Majaz (2006) Bagua (2009), Tía María (2011) y Santa Ana (2011). Mientras la academia debate, Conga legitima con cargo a inventario un modelo violento de solución parcial de conflictos, una inclusión a palos.
Lo sucedido también limita el horizonte de la concertación y acota la capacidad del gobierno para producir cambios arrancando concesiones a los extremos. Conga interroga al proceso político con dos paradojas: ¿cuánto se puede cambiar sin cambiar? ¿Es más viable la concertación para no cambiar que para cambiar?
El principal error del gobierno en el caso Conga fue presidencializar el conflicto. La sentencia ¡Conga va! fue celebrada desde un lado del escenario pero desafiado desde el otro, paralizando el diálogo, polarizando la discusión y empoderando en Cajamarca a los partidarios de la confrontación. En este cuadro se registra otra paradoja, aunque esta no es tan nueva: tenemos gobierno pero no partido de gobierno. Fue muy escasa la defensa pública de la posición gubernamental.
Los errores de la empresa son memorables. En lugar de persuadir a la población ubicada en el ámbito de ejecución del proyecto crearon su propio pueblo, obtuvieron su pedazo de calle y tentaron su legitimidad frente a la legitimidad de los otros. Deberían evaluar ahora que la táctica de minería vs antiminería, en una etapa de crecimiento del ambientalismo, es una invitación al fracaso.
Con la suspensión del proyecto, el baile no ha terminado. En el pasado, todos los conflictos debilitaron la autoridad nacional y regional y esta no parece ser la excepción. En Cajamarca se han fortalecido los liderazgos maximalistas. Quizás sea la oportunidad de intentar un consenso nacional sobre nuevas reglas de juego de las actividades extractivas. Como en otros casos este es un problema de orden en el sentido de estructura y no de fuerza y la solución pasa por el Estado y por el diálogo.
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