Los recientes sucesos del Callao descubren prácticas corruptas generalizadas en lo que fue hasta hace poco uno de los laboratorios más renombrados de una forma de hacer política en el Perú. Pero es más que eso; al caerse el telón sobre los actores aparecen desnudas relaciones de poder y comportamientos sociales envilecidos por un ejercicio público vendido durante 15 años como el remedio local/regional a los males de los partidos y la política tradicional.
Chim Pum Callao era el prototipo del movimiento regional eficaz, pragmático y exitoso. Sus líderes salieron del PPC recusando la burocracia partidaria para fundar con los ciudadanos de su ámbito una relación más cercana. Centenares de caudillos hacen lo mismo con el mismo argumento en distritos, provincias y regiones reduciendo a los partidos nacionales a la competencia presidencial y parlamentaria.
La mayoría de estos movimientos realmente no lo son; operan como la prolongación de la moda de políticos independientes obligados por la Ley de Partidos a una formalidad mínima. No son ni peores ni mejores que los partidos franquicia que se organizan para las elecciones generales, venden candidaturas y desaparecen luego de los comicios. Pero tampoco son lo nuevo.
Además del espionaje y ajuste de cuentas, el legado de Chim Pum Callao es desastroso; el primer puerto del país carece de actores sociales fuertes y autónomos y de proyecto de desarrollo. El Callao luce como una sociedad fragmentada y sin élites, donde la competencia política no discurre por los canales institucionales sino a través de prácticas violentas e ilegales. Se puede afirmar lo mismo del ejercicio del poder en el que se privilegia el clientelismo y el populismo más extremo, males atribuidos a los cuestionados partidos nacionales. En el paraíso que ahora arde, la justicia fue comprada por el poder político, de modo que el modelo de impunidad puede repetirse ad infinitum.
Las llamas de este incendio deben preocuparnos porque en otras regiones y municipios las redes ilegales en el poder son más fuertes, más organizadas y más temerarias. Es extraño que el parlamento tenga a grupos que compiten entre sí en la investigación del anterior gobierno pero dejan en la impunidad los estropicios anteriores en regiones como Puno, Áncash, Cusco, solo por citar los más denunciados. Quizás también sea hora de debatir qué debe hacer el sistema cuando se advierte un régimen de corrupción generalizada en un ámbito territorial y si es suficiente que frente a esta situación solo actúe el Poder Judicial, y el Congreso en vía de investigación no vinculante. Desde el período del ministro Víctor García Toma se tiene en la mesa una propuesta de intervención en defensa de la Constitución, con jurisprudencia en las figuras de la desaparición de poderes de la Constitución de México y de la intervención federal que establece la Constitución Argentina.
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