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El cambio compartido Juan De la Puente

Por Juan De la Puente

Tanto el Mensaje a la Nación como su primer gabinete expresan la apuesta de Ollanta Humala por construir una nueva mayoría gobernante en un espacio de encuentro entre los idearios socialdemócrata y liberal. El mensaje tuvo el propósito de promover un equilibrio fino entre los valores económicos que deben ser conservados y los nuevos valores formulados, especialmente los de carácter social y cultural.

Quizás por ello, Humala ha ahorrado palabras, no se ha comprometido con cifras gruesas y con el detalle, ha ratificado algunas ofertas puntuales pero se ha guardado el resto en el bolsillo, especialmente su política frente a los conflictos sociales y a las grandes empresas cuyo ideario fue hegemónico durante la década pasada.

No obstante, el mensaje contiene apreciaciones que no deben pasarse por alto. La primera es la mención de un modelo económico nuevo denominado “crecimiento con inclusión social”, con cargo a ser desarrollado, pero que se aleja del paradigma del crecimiento a secas. De aquí para adelante, la principal demanda de política pública será darle contenido y actores de esa inclusión, como la autoridad social y el papel del MEF, el rol de las regiones, los límites en la cobertura de los nuevos programas y su relación con la demanda de universalización de los derechos.

La segunda es el llamado a un nuevo contrato social que, al no pasar por un cambio constitucional profundo, debería transitar una vía inesperada: un conjunto de leyes dolorosamente alumbradas en el Parlamento. Por esa razón, luego del Mensaje, los escenarios principales del proceso político serán el Congreso y la calle.

En ese sentido, ni el mensaje ni la composición del gabinete han desmovilizado a los opositores al cambio o a los movimientos sociales. Ellos saben que quien pestañea pierde. La polarización de la segunda vuelta adopta una nueva forma, con los promotores del cambio y los opositores a él con un pie en el gobierno y el otro en la calle, una cohabitación muy original. Si las cosas no resultan, ¿quién sacará a quién del gobierno o, al revés, quién se quedará con la calle?

La tercera constante es la voluntad explícita para fortalecer el Estado, a través de las empresas públicas, la creación de una línea aérea de bandera y la mejora de la regulación ambiental. La idea de más Estado es coherente con el mensaje tácito de que, sin retornar al viejo estatismo, tendremos a un Estado que regula y participa en el mercado.

La apuesta de Humala es ambiciosa; más allá de la pluralidad, le propone al país, al mercado y a los ciudadanos, un cambio compartido. En pocos meses se sabrá si ese modelo de cambio es viable.

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Juan de la Puente Juan de la Puente

Periodista, abogado y politólogo. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, con estudios de maestría en Ciencias Penales y Ciencias Políticas. Realizó el Curso de Descentralización en la Universidad de Alcalá (Madrid).

 

Ex Profesor en la UNMSM en los cursos de Pensamiento Político Peruano y Teoría del Gobierno. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) de Lima, y de Pensamiento Político Peruano y de Participación Política en el Instituto de Gobierno (IG), de la misma universidad. En la USMP preside el Fondo Editorial. Fue director del diario La Primera, del programa La Mitad Más Uno de Televisión Nacional del Perú y jefe de la sección política de La República.

 

Fue Consejero Presidencial del Presidente Alejandro Toledo (2001-2006. Impulsor del Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio del 2002 por 7 partidos políticos, 7 organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, e integrante actual de su Comisión Técnica de Alto Nivel. Responsable del diseño inicial del Programa Juntos de Transferencia Condicionada (fase inicial, 2004), actualmente vigente y coordinador del Programa Consejos de Ministros Descentralizados (CMD), de la Presidencia de la República del Perú, entre el 2004 y 2006. Se desempeñó como consultor de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe con sede en Chile y consultor para el proyecto de reforma del Congreso. Se desempeña como consultor en gobernabilidad, sistemas políticos y análisis de coyuntura para organismos nacionales e internacionales.