Por: Juan De la Puente
En Londres la policía mata a Mark Duggan, de 29 años y padre de 4 hijos. Un centenar de vecinos se congrega frente a la comisaría del barrio pobre de Tottenham pero el plantón pacífico degenera en violencia que se extiende a varias ciudades inglesas. Al cabo de cuatro días se tienen más de mil detenidos, decenas de vehículos y tiendas saqueadas y quemadas, y solo en Londres más de 100 millones de libras esterlinas en pérdidas, causadas por un vandalismo que mezcla el descontento social con el delito puro y simple.
En Lima, se difunde un video que muestra que el joven Gerson Falla, 26 años y padre de una niña, detenido en abril cuando huía de unos pandilleros, fue torturado en la Comisaría de San Borja; el maltrato que le causó la muerte. La PNP pasó al retiro a cuatro de los 11 asesinos pero todos gozan de libertad. Esos mismos días un delincuente, liberado el 2008 y que fue procesado 10 veces por robo agravado, baleó a la hija de un congresista cuando su banda intentaba robar la camioneta donde viajaba con su madre. Las dos se salvaron gracias al policía que las custodiaba.
Podría ser muy parecida la brutalidad policial en Londres y en Lima. No obstante, en Inglaterra, el rechazo violento de los métodos policiales y la fuerza con la que la sociedad inglesa condena esa respuesta han sido intensos. Se debate allí cuánto de la fractura social se expresa en la violencia reciente y en qué medida ese vandalismo tiene un rostro propio. En el Perú, en cambio, ni la muerte de Falla ni la agresión contra la hija de Renzo Reggiardo han despertado los reflejos de la sociedad, más allá de algunas declaraciones oficiales y editoriales.
En esa ausencia podrían residir los límites de las raídas recetas contra la inseguridad ciudadana que se escuchan estos días: pena de muerte, reapertura de El Frontón, patrullaje del Ejército y más leyes. Al mismo tiempo, salvo la marcha por la paz promovida por el alcalde de La Victoria, nadie ha movilizado a los ciudadanos ni ha valorado las potencialidades de su organización y concurso. Parecería que el delito común es un fenómeno solitario que no se asocia a las condicionantes sociales y a la falta de políticas públicas integrales. Luego de 30 años, se sigue pensando que es un problema exclusivo de policías, jueces y ladrones, es decir del Estado. Así, habría que prepararse para otra arremetida mortícola. Y para otro fracaso.
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