Se acaba de presentar un proyecto para reformar la Ley de Partidos Políticos que eleva el número de firmas para la legalización de una organización política. De aprobarse la iniciativa, se necesitarán no menos de 760 mil firmas, es decir, el 4% del padrón electoral, para la inscripción legal de un partido. La medida estira la arbitrariedad de un cambio anterior, realizado a hurtadillas el 2009, cuando se fijó en 3% del padrón las firmas requeridas, es decir, 570 mil.
Los motivos que expresa el proyecto Nº 406/2011 son sinceros: que a la fecha se han vendido 300 kits electorales a grupos que aspiran a legalizarse. Declara que el propósito es evitar la fragmentación y, de paso, fortalecer el sistema de partidos.
Si se aprueba la norma no se lograrán esos objetivos porque aborda el problema sin una visión de reforma integral de la Ley de Partidos. Al contrario, suena como el inicio de una contrarreforma para cerrar a patadas el sistema de partidos en lugar de renovarlo. Paradójicamente, no toca el tema de fondo que está en la base de los casos denunciados y que evidencian que el problema reside principalmente en la formación de la representación más que en el acceso al sistema.
En todo caso, si el tema es la pertenencia al sistema, las firmas son menos relevantes que otros factores que podrían tomarse en cuenta, como los requisitos para quedarse en el sistema, es decir, el porcentaje de votos obtenidos o la cantidad de parlamentarios elegidos. Si aprueba el proyecto volveríamos a finales de los años 90. Las 300 mil firmas requeridas entonces dejaron sin competencia a los grupos aluvionales faltos de identidad y arrinconaron a los partidos.
La participación política en el Perú es afectada tanto por la fragmentación como por la dispersión. Con la fragmentación se tiene muchos partidos (aunque no son demasiados para la media de A. Latina), pero con la dispersión se tienen varias versiones de izquierda, derecha y centro. Elevar el número de firmas sería construir un ghetto partidario, inalcanzable pero no por ello respetable y legítimo.
Es preciso debatir cuán cerrado o abierto es el actual sistema pensando en los ciudadanos más que en las elites, especialmente aquellas que pueden “invertir” en la legalización de un partido. La idea básica es que los ciudadanos están subrepresentados, con una relación representante versus elector muy baja. Si a ello se suma un ghetto de elegibles, iríamos en retroceso.
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