El Programa Gestores para el Desarrollo Local creado recientemente por el Parlamento es sometido a una dura crítica desde fuera y dentro del Congreso tanto por la presunta politización de sus actividades como por la falta de información sobre sus integrantes. La controversia generada por algunos gestores nada indicados para hablar a nombre del Parlamento y la áspera discusión que se opera entre los congresistas, los gestantes del proyecto, impedirán por ahora debatir el agudo problema relacionado a este proyecto: la crisis de la función de representación del Parlamento y de cada congresista.
Aun así algunas ideas. Desde 1980 el Congreso se enfrenta a la demanda de los electores para gestionar decisiones del Estado, principalmente del gobierno, más allá de las leyes. En el acto de elección de un parlamentario existe un invisible contrato que obliga al elegido, principalmente el de “provincias”, a realizar esfuerzos por llevar a sus poblaciones de origen obras y beneficios que deben ser arrancados a un Estado lento, centralista y egoísta, una “cláusula necesaria y justa” que figura en otros textos constitucionales (la 8ª Sección del Artículo Uno de la Constitución de EEUU, por ejemplo) pero que la deficiente redacción del artículo 102° de la nuestra lo convierte en casi etérea.
Los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto pero sí de gestión; de hecho la baja tasa de reelección del Parlamento peruano se debe, entre otras razones, a la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos. Presionados por esta demanda, desde el 2001 el Parlamento ha innovado funciones: ha instalado una Comisión de Defensa del Consumidor, módulos para denuncias y oficinas en las regiones; ha realizado audiencias descentralizadas, instalado brevemente un Foro Agenda Legislativa con la sociedad civil (M. Cabanillas), realizado reuniones bipartitas en las regiones (J. Velásquez) y establecido la semana de la representación (D. Abugattás). Ahora mismo, el mayor tiempo de un parlamentario laborioso se invierte en la atención de sus electores y en la gestión de sus demandas.
La crítica respecto a que el Legislativo no puede reemplazar al Ejecutivo debe ser analizada bajo la perspectiva del papel que debe cumplir el Congreso en el desarrollo y en la descentralización del país, tomando en consideración que la representación parlamentaria es, al mismo tiempo, individual y de bancada. En ese sentido, el Parlamento debe darle cara a la función de representación y canalizar el afán individual de sus miembros; es paradójico que los lobbies accedan más fácil y eficazmente al Parlamento que los alcaldes, presidentes regionales o líderes sociales. Ante la imposibilidad de modificar la Constitución para favorecer la función de representación quedan mecanismos de emergencia: el control político, la Estación de Preguntas y los pedidos en mérito del artículo 96° de la Constitución, entre otros.
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