El gobierno transita sus primeros 100 días con algunos logros sustantivos. Quizás el primero sea que el país ha continuado su marcha a despecho de las previsiones catastrofistas de la derecha perdedora de las elecciones. Ninguna ecuación política, salvo el retroceso, sería posible si la economía no continuara la evolución prevista. Junto a lo señalado, otro logro político debe ser anotado: haber convertido en hegemónica y culturalmente irrebatible la crítica a la desigualdad y, por lo tanto, en viables las decisiones en línea de la inclusión. Solo habría que recordar que hace pocos años, la equidad era casi una mala palabra.
No obstante, también merece atención el modelo de gobierno propuesto, sostenido en una triple convivencia entre nacionalistas, socialistas y liberales. La integración de una parte de estos últimos en el gobierno es audaz en tanto la expresión de un modelo de cambio sin vencedores ni vencidos, distante del modelo venezolano y acaso ecuatoriano. La apuesta consiste en integrar a parte de los vencedores a la obra del gobierno bajo la idea de que existe una agenda liberal de contenido distributivo.
Para más de uno, el riesgo de este modelo no es la convivencia sino la acotación de los cambios, es decir, el tránsito hacia las reglas de juego chilenas luego de Pinochet, donde las políticas fueron moduladas por los poderes fácticos en apoyo de fuerzas del gobierno. En nuestro caso, esa posibilidad depende del perfil de los movimientos sociales, autónomos los últimos 20 años. Esta discusión se resolverá en la práctica cuando la calle responda a la pregunta: ¿Se autonomizarán del gobierno los movimientos sociales en un grado muy alto y podrán forzar un ciclo de cambios más rápidos e intensos?
El gobierno ha tenido éxito en rebajar las expectativas económicas centrando las demandas en la política social. La aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero no colisionan (todavía) con el núcleo del modelo; tampoco la puesta en marcha de los programas sociales ofrecidos. En este diálogo de señas e imágenes, la sociedad parece contentarse por ahora con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de poder y de cambio económico. Ese canje tiene un tiempo político valioso que se debería traducir en la reforma del Estado, el principal problema de la inclusión en el corto plazo. El país quiere aunque sea un pedazo de cambio.
