En 11 de 18 países de A. Latina, incluido el Perú, los ciudadanos sienten que la delincuencia y seguridad pública son sus principales problemas, a tenor del reciente estudio de la Corporación Latinobarómetro presentado este mes en Lima. El estudio previene sobre que, en el tema, se ha instalado un clima de opinión donde las percepciones catalizan los problemas y pueden ser más que las realidades. Sea como fuere, afirma que la región ha sido capturada por la idea de que el crimen hace la agenda pública.
El estudio avanza y arriesga una relación entre delito y violencia en la región, una asociación que la mayoría de estrategias anticrimen pretenden olvidar, y obtiene hallazgos interesantes. Descubre, por ejemplo, que en los países con más incidencia de delitos, como Guatemala, Honduras o Venezuela, no se relaciona esa violencia con la que se produce en el espacio familiar, una constante también atribuible al Perú. El estudio también repara en que en el Perú y Bolivia, países con alta producción de cocaína, la tasa de homicidios es baja y parece estar vinculada a la violencia doméstica y a los delitos comunes más que al crimen organizado. Difícil saberlo si, como refiere el Anuario de la PNP 2010, el 32% de denuncias de delitos de violencia familiar no se investigan. Aun así, no es un consuelo, sobre todo si esta tasa nacional se ha elevado considerablemente en el último lustro.
Es sugerente la presentación que hace Latinobarómetro de tres dilemas del delito en la región, y que nos atañen: la incongruencia aparente entre lo objetivo y subjetivo, el aparente divorcio entre la victimización y el temor, y la expectativa sobre el Estado. En relación a ello, analiza a países, como el Perú, con mayor nivel de victimización que de homicidios, donde la clave de las políticas de seguridad ciudadana se relaciona con el combate a delitos más masivos como el hurto, robo y lesiones. Para confirmar que la clave de nuestra victimización no está en los homicidios sino en los delitos con violencia, el estudio destaca que el Perú es el tercer país en la región donde la víctima declara haber sufrido violencia durante el hecho delictivo.
Finalmente, el estudio investiga el pesimismo regional sobre el delito, dividiendo a los países en tres tipos: los que reconocen lo realizado en seguridad ciudadana, los críticos, y los que tienen poca fe en el Estado. Allí se tiene a países como Guatemala y México donde un bajo porcentaje de ciudadanos cree que el Estado puede resolver el problema de la delincuencia, que contrastan con países como Uruguay, Argentina y Paraguay, cuyos ciudadanos consideran que el Estado si puede derrotar al delito. En el Perú, a pesar de que solo un 8% dice que la seguridad ciudadana es buena, el 60% cree que el Estado puede resolver este problema. Allí se ubica una alta cuota de esperanza que debe ser saldada con un liderazgo institucional al más alto nivel y resultados rápidos.
