La otra inclusión

Por: Juan de la Puente

De los casi 250 proyectos de ley presentados al Congreso desde el inicio de la legislatura, solo once abordan la reforma política, una demanda explicitada en los últimos procesos electorales recientes y reclamada por el nivel alcanzado por la crisis de representación. De las presentadas, algunas se refieren a la modificación del artículo 41° de la Constitución, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios públicos, propuesta por varias bancadas y dictaminada esta semana; una a la reinstalación de la bicameralidad, planteada por el PPC; otras dos a la prevención del transfuguismo, propuestas por el PPC y la coalición PP, AP y Somos Perú; y otra, patrocinada por Yehude Simon, que propone modificar el Reglamento del Congreso para obligar a los parlamentarios a presentar una declaración sobre los intereses a los que están o estuvieron vinculados.

Las preguntas están planteadas. ¿El período de cambios iniciado incluirá la reforma política? ¿Si fuese el caso, las iniciativas vendrán del Ejecutivo o del Congreso? ¿Habrá en este ámbito más interés del oficialismo o de la oposición? Estas, sin embargo, están precedidas de otras dos inquisiciones. La primera consiste en saber en qué medida serían exitosos los cambios en la perspectiva de la equidad y la universalización de derechos que no se acompañen de medidas para la otra inclusión, es decir, la pertenencia de los ciudadanos a un régimen político que represente sus intereses y que les permita participar eficazmente en las decisiones y los procedimientos de los asuntos que les competen.

En esa dirección, la Ley de Consulta Previa es un gran paso, pero también esperan una toma de posición, la reforma integral de la Ley de Partidos, la eliminación del voto preferencial, la instalación del voto voluntario, el incremento de la cuota de género, los cambios en las circunscripciones electorales y en los procesos de revocatoria y rendición de cuentas, entre otros. Interesa saber, sobre todo esto, los límites institucionales de toda reforma que deje intangible la política.

La segunda inquisición se refiere a las consecuencias de la omisión de la reforma política, es decir, el desarrollo de fenómenos como la liquidación del sistema de partidos y la fragmentación de la representación. Podría suceder un efecto similar a las relaciones entre política y economía. Recuérdese que más de uno decía que no importaba la mala política si había buena economía.