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La política militarista

Por Juan de la Puente

Diez años demoró el cambio de la trascendencia política de las FFAA, que se asomaron al año 2001 cuestionadas por su papel durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, pero que llegan al 2010 con un poderoso y exitoso lobby parlamentario, diarios casi orgánicos a sus demandas, líderes de opinión dispuestos a la batalla en su nombre y una opinión pública crecientemente dispuesta a respaldar el aumento del gasto militar. La crisis del bono militar policial, mal manejada por el gobierno, los ha convertido en aliados de la policía, un estamento al que tradicionalmente miran con displicencia, incrementando la cuota de solidaridad ciudadana por sus bajos salarios. Más no se puede pedir.

Diciendo siempre las cosas por su nombre, vivimos un período en el que se incrementa la relevancia política de las FFAA. Se hace política para los cuarteles y, a ojos vista, desde los cuarteles. En este proceso el APRA ha sido primero actor y luego víctima, con el obvio resultado de las últimas semanas: el innecesario debilitamiento del gobierno por las amenazas de un paro militar policial y por las constantes marchas y contramarchas –con banda y música militar– en el tema salarial. Es muy malo para todos, incluida la oposición, que un gobierno aparezca desairando a los uniformados.

La política militar se está trocando rápidamente en política militarista. El matiz entre estos términos no es gratuito. Inicialmente fue un esfuerzo muy publicitado por atender demandas como las leyes del empleo de la fuerza, del régimen disciplinario y de ascensos. En el proceso se avanzó temerariamente aprobando a gusto del mando militar la inconstitucional Ley 29182 del Fuero Militar Policial. Entonces, el lobby militar, con fuerte presencia de medios y de parlamentarios, logró que el TC validara esta norma modificando su propia jurisprudencia, arguyendo el cambio de los tiempos. Luego vino la resistencia uniformada al Museo de la Memoria y la tolerancia oficial a su decisión de construir su propio monumento.

Hemos arribado a que la política militarista actual ya no es partidaria, exclusivamente; también se origina en los cuarteles y en los intereses económicos ligados al gasto militar. La relación con las FFAA es ya una variable electoral y aunque no se puede estimar el saldo de este proceso, un refrán parece pertinente: a caballo comedor, cabestro corto.

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Juan de la Puente Juan de la Puente

Periodista, abogado y politólogo. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, con estudios de maestría en Ciencias Penales y Ciencias Políticas. Realizó el Curso de Descentralización en la Universidad de Alcalá (Madrid).

 

Ex Profesor en la UNMSM en los cursos de Pensamiento Político Peruano y Teoría del Gobierno. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) de Lima, y de Pensamiento Político Peruano y de Participación Política en el Instituto de Gobierno (IG), de la misma universidad. En la USMP preside el Fondo Editorial. Fue director del diario La Primera, del programa La Mitad Más Uno de Televisión Nacional del Perú y jefe de la sección política de La República.

 

Fue Consejero Presidencial del Presidente Alejandro Toledo (2001-2006. Impulsor del Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio del 2002 por 7 partidos políticos, 7 organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, e integrante actual de su Comisión Técnica de Alto Nivel. Responsable del diseño inicial del Programa Juntos de Transferencia Condicionada (fase inicial, 2004), actualmente vigente y coordinador del Programa Consejos de Ministros Descentralizados (CMD), de la Presidencia de la República del Perú, entre el 2004 y 2006. Se desempeñó como consultor de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe con sede en Chile y consultor para el proyecto de reforma del Congreso. Se desempeña como consultor en gobernabilidad, sistemas políticos y análisis de coyuntura para organismos nacionales e internacionales.