El reciente Informe de Desarrollo Humano (IDH) del 2011 presentado por el PNUD la semana pasada en Lima ha servido para que la mayoría de medios subrayen la ubicación del Perú en el puesto 80 en el ranking de 187 países y nuestra pertenencia al grupo de países de desarrollo alto. Se ha resaltado menos que al ajustarse los indicadores con el factor desigualdad, el Perú pierde un 23% de desarrollo debido, sobre todo, a un bajo ingreso, descendiendo por ello al nivel de país de desarrollo medio.
El Informe tiene otros atributos a destacarse. No es el primer estudio que asocia el crecimiento y el desarrollo a la equidad, pero es el primero que relaciona sostenibilidad ambiental con equidad. En esa dirección advierte que no se puede continuar con un modelo que no enfrente abiertamente los riesgos ambientales y la desigualdad. Recuerda que informes anteriores alertaron de fenómenos crecientes: que el aumento de los ingresos se asocia a la degradación ambiental; que la distribución del ingreso ha empeorado en varias partes del mundo; y que existen grandes fluctuaciones y brechas en el IDH, en perjuicio de las zonas rurales y de las mujeres, de las que no somos ajenos.
Para el Perú, la relación sostenibilidad/equidad implica un dilema ante todo moral y profundamente político para la democracia, en dependencia de tres factores: 1) Nuestra biodiversidad, tanto genética, de especies y de ecosistemas; 2) Nuestra condición de país amazónico y poseedor de entre el 4% y 5% de agua dulce del planeta; y 3) El notable retraso de las políticas de regulación ambiental.
Nuestra paradójica posición de país con riqueza/vulnerabilidad demanda soluciones rápidas tanto de cara al crecimiento económico, como al medio ambiente y la equidad. La única salida pasa por fortalecer el papel regulador y cada vez más arbitral del Estado y el reconocimiento práctico de un grupo de derechos que algunos denominan de cuarta generación.
Sobre el tema, Norberto Bobbio anotó dos conclusiones sustantivas: que en el mundo moderno la cuestión de los DDHH no es la de su fundamentación sino la de su protección; y que el Estado liberal como supuesto del Estado democrático se justifica en el sentido que son necesarias ciertas libertades para el ejercicio del poder democrático pero que es indispensable que el poder democrático garantice la existencia y persistencia de las libertades.
http://juandelapuente.blogspot.com/
