La presencia en Lima del Director General de la FAO, José Graziano da Silva, coincidió con la presentación de un proyecto de Ley del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada. La coincidencia no es casual porque la iniciativa, presentada por el oficialismo, es seguida de cerca por la FAO.
Hay una segunda razón de la coincidencia: el ahora jefe mundial de esta organización que procura la seguridad alimentaria para todos, tiene una relación muy cercana con el Perú: cuando dirigía y asesoraba al presidente Lula en los exitosos programas sociales, Graziano da Silva participó en la gestación del programa Juntos en el Perú, entre el 2004 y 2005 y llevó a cabo aquí largas jornadas de campo que incluyeron visitas a Chuschi (Ayacucho) y Huaycán. Luego, como responsable de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, entre 2006 y 2011, incluyó al Perú en la ejecución y monitoreo de planes y programas de seguridad alimentaria, transferencias condicionadas, desarrollo rural y emergencias.
El Perú requiere un marco normativo para la seguridad alimentaria que ordene prioridades del Estado, mejore el impacto de los programas sociales y garantice el derecho a la alimentación. A pesar del crecimiento económico y la mejora de varios indicadores asociados a los Objetivos del Milenio de las NNUU, más de 600 mil niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica (ENDES, 2010). No es el único indicador resistente a la baja; por ejemplo, la anemia en los niños de 6 meses a 3 años se mantuvo entre el 2009 y 2010 prácticamente igual, sobre el 50%, un dato por sí solo indignante.
El auge económico ha permitido que el Perú disponga de más alimentos; ha pasado de 300 kg per cápita en 1991 a 500 el 2008. Este incremento, sin embargo, no refleja el subsistente problema del acceso a los alimentos en un país con tan amplias brechas de equidad y de territorio. Por ejemplo, el ritmo de importación de alimentos acentúan la dependencia calórica en varios productos como el azúcar, cereales, leguminosas y aceites. En esa dependencia existe un innegable componente cultural que el Estado debe atender con políticas de largo plazo. Solo un dato puede tributar a esta demanda: en 13 años, el Perú no ha podido incrementar su consumo de productos hidrobiológicos sino disminuir, de 22,7 kg per cápita por año en 1995 a 22,2 kg en 2009.
La iniciativa de ley es sugerente y prometedora. Dispone la promoción de alimentos sanos y nutritivos preferentemente de origen orgánico, prohíbe el uso de alimentos transgénicos y hace énfasis en la educación nutricional. Obliga al Estado a la atención alimentaria de emergencia, crea un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional con participación de las regiones, municipios y la sociedad civil y dispone la rendición de cuentas de los programas sociales.
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