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Putis y la libertad de prensa

Por Juan De la Puente

Subleva advertir el cuasi silencio de los grandes medios respecto de la entrega a los comuneros de Putis (Ayacucho) de 92 ataúdes, 28 de los cuales están identificados, con los restos de peruanos asesinados hace 25 años por efectivos de la base militar afincada en esa comunidad. Según la denuncia de genocidio remitida por la Defensoría del Pueblo en enero del 2006 a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, en Putis fueron asesinadas más 400 personas.

Ni cuando La República sacó a la luz la matanza, en noviembre del 2001, ni ahora, y probablemente ni mañana, la libertad de expresión les será útil a las víctimas y a sus deudos. Ni siquiera después de saberse que de los casi 100 cadáveres exhumados, 38 eran de niños y 10 de adolescentes. Qué lástima concluir que la libertad de expresión que defienden estos días los medios, amenazada ciertamente por una falaz y resistente iniciativa legislativa, no sea para reflejar la pluralidad de intereses de la sociedad como lo demanda el estado actual de la globalización, sino una pretendida armonía igualmente engañosa. Y peligrosa.
Y es que la libertad también puede ser usada para callar y ocultar, aunque para ello el intelectual público, a decir del filósofo liberal Ralf Dahrendorf, se haga débil y abandone la ética de la libertad. En el periodismo eso equivale a renunciar a la verdad como objeto y contenido. Si se observan las imágenes resultantes de ese abandono, asistiremos a incoherencias gigantescas: 1) Se demanda que no se apruebe una ley que podría amordazar a la prensa pero se aplaude el cierre de la radio La Voz de Bagua, para cuyo efecto se usaron otras triquiñuelas legales; 2) Se alaba como suficiente lo que reza el Código Penal como sanción al periodista que calumnia y difama pero en silencio se busca que se cambien penas por multas; y 3) Se reclama contra la presión de los gobiernos a los medios pero se mira al techo cuando los periodistas incómodos son echados, precisamente, por intervención de los gobiernos. En consecuencia, el paradigma local de las libertades intelectuales no es irrestricto. Al contrario, tiene nombres, apellidos, lugares, temas y, sobre todo, jerarquías e ideologías.

Luego de más de 20 años en el periodismo puedo afirmar que libertad de expresión en la mayoría de empresas periodísticas tiene un sentido más restrictivo que la de los periodistas bajo salario, y que la fuerza de los poderes fácticos, con ley o sin ley, es más poderosa y eficaz para la llamada autorregulación política, una forma encubierta de mordaza desde adentro. Así se entiende, por ejemplo, que solo un diario haya publicado in extenso el Informe de Contraloría que involucra a dos ex ministros en la turbia negociación del Lote 56 de Camisea y que los 400 muertos de Putis no hayan tenido estos días una sola portada. Como dice el blog de los deudos de Putis (http://justiciaparaputis.org), la peor ofensa es el olvido.

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Juan de la Puente Juan de la Puente

Periodista, abogado y politólogo. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, con estudios de maestría en Ciencias Penales y Ciencias Políticas. Realizó el Curso de Descentralización en la Universidad de Alcalá (Madrid).

 

Ex Profesor en la UNMSM en los cursos de Pensamiento Político Peruano y Teoría del Gobierno. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) de Lima, y de Pensamiento Político Peruano y de Participación Política en el Instituto de Gobierno (IG), de la misma universidad. En la USMP preside el Fondo Editorial. Fue director del diario La Primera, del programa La Mitad Más Uno de Televisión Nacional del Perú y jefe de la sección política de La República.

 

Fue Consejero Presidencial del Presidente Alejandro Toledo (2001-2006. Impulsor del Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio del 2002 por 7 partidos políticos, 7 organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, e integrante actual de su Comisión Técnica de Alto Nivel. Responsable del diseño inicial del Programa Juntos de Transferencia Condicionada (fase inicial, 2004), actualmente vigente y coordinador del Programa Consejos de Ministros Descentralizados (CMD), de la Presidencia de la República del Perú, entre el 2004 y 2006. Se desempeñó como consultor de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe con sede en Chile y consultor para el proyecto de reforma del Congreso. Se desempeña como consultor en gobernabilidad, sistemas políticos y análisis de coyuntura para organismos nacionales e internacionales.