El reciente mensaje presidencial reconoce que las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga son política y técnicamente válidas, desvirtuando el eje de la crítica a los opositores al EIA, calificados en el discurso oficial reciente como politizados, desinformados y escasos de dominio técnico. El nuevo punto de vista, sin embargo, es poco nuevo; luce como un remake o un triunfo póstumo del gabinete Lerner precursor de los cambios al EIA. De paso, pone en evidencia el poco rigor técnico del ejército de especialistas defensores del dicho estudio. Resulta, de acuerdo al consenso actual, que la politización viene de otro lado.
La caída de la visión técnica de una de las partes es, una vez más, el revés del discurso supuestamente experimentado que el Estado asume irreflexivamente en la mayoría de conflictos, una constante que habría que tenerla como lección. Algo similar sucedió en otros conflictos de larga duración como el de Arequipa (2002), Bagua (2009) y las demandas del sur sobre el Lote 88 (2010-2011).
Las decisiones comunicadas por el Presidente obligan a cambios en el EIA y dan curso a un nuevo diálogo que responda a nuevas interrogantes: si la empresa asumirá las nuevas condiciones, si el gobierno regional las aceptará o planteará otras propias, y si los movimientos sociales de Cajamarca estarán unidos en el rechazo o en la aceptación de esto que puede tomar la forma de un Conga II o Reconga.
En este nuevo momento, el escenario de inicio es menos polarizado. Los aliados del proyecto tendrán mayor legitimidad si cabalgan con las nuevas condiciones. El gobierno regional está en condiciones de generar una mayoría arrancando más decisiones a la empresa y al gobierno; para ello debería adoptar una posición respecto al “Conga no va” y adecuar a esa perspectiva su relación con los movimientos sociales. Es una clave compleja porque obliga a la región a ejercer su liderazgo, comprendiendo que en esta nueva etapa el “Conga va” ha naufragado pero que el “Conga no va” también ha sido tocado.
Es probable que el gobierno acometa con decisión el diálogo para arrancar un acuerdo rápido, aunque aparecen presiones que pugnan por desenlaces por fuera del discurso presidencial. De un lado, se ataca la postura del Jefe de Estado y se defiende, exclusivamente, el EIA y el peritaje y, por el otro, se demanda que el gobierno declare la inviabilidad del proyecto. No nos engañemos, no solo habrá diálogo; en la agenda hay una propuesta de consulta previa, un paro regional y quizás una huelga indefinida; también la presión mediática de la empresa, de la prensa y los líderes de opinión impacientes por derrotar al ambientalismo, hostigando a Gregorio Santos y al mismo Ollanta Humala. En ese contexto, será crucial para el gobierno mantener el mismo discurso con coherencia y no dejar que se vuelva a instalar en Cajamarca una lógica de guerra.
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