Ipsos Apoyo, una encuestadora a la que respeto, acaba de difundir un sondeo de opinión pública muy revelador que, sin embargo, me motivan algunas críticas que las hago públicas con el mejor ánimo.
La primera se refiere a la pregunta sobre la actuación del gobierno frente a los conflictos mineros, en la que se colocan cuatro opciones: severa (26%), correcta (23%), muy blanda (41%) y no precisa (10%). Creo que es un equívoco reducir a cuatro las alternativas y no entiendo por qué el diálogo no aparece como una opción, sobre todo si en decenas de conflictos ambientales se han instalado mesas de diálogo, salvo que, para efectos del sondeo, el diálogo sea incluido en las otras opciones. Si así es, tampoco se justifica que esta política que se practica frente a los conflictos sociales sea invisibilizada.
Luego, es extraño el uso que hace el sondeo de la palabra “blanda”, un sinónimo de suave y falto de energía y al que, como si no fuera suficiente, se le agrega la palabra “muy”, con lo que se podría predisponer a una respuesta afirmativa. Es también incomprensible que esa opción no se contraponga con la palabra “dura”, su antónimo exacto, sino con “severo”, palabra que no obstante carece del “muy”. ¿Por qué lo blando debe ser “muy” y lo severo no?
La pregunta sigue siendo extraña debido al uso de la opción “correcta”, que excluye a las otras que, se supone, no lo son, de modo que si nos atenemos a los resultados, más de dos tercios de encuestados consideran que la respuesta del gobierno a los conflictos no es correcta. Si las reacciones “severa” y “muy blanda” del gobierno ante los conflictos son incorrectas, ¿por qué se ha concluido en el análisis del sondeo que la alternativa del pueblo es la mano dura?
De esa encuesta y de otras publicadas no se puede concluir que el mensaje de la opinión pública para el gobierno es de respaldo a la clausura del diálogo y al privilegio de la fuerza contra las demandas sociales. En cambio, es patente que en el escenario se han dibujado dos grandes políticas de gestión de conflictos, aquella fácil y contraproducente que es la negación del reclamo y la simple reposición del principio de autoridad, y la otra ciertamente compleja que consiste en la previsión, el diálogo, el uso del principio de justicia sin renunciar a la autoridad y a la protección de la tranquilidad pública.
El concepto de mano dura es un hijo bastardo del Estado cuando no era Estado de Derecho y es más ilegítimo aun en la época del Estado Social y Democrático de Derecho porque contrapone artificialmente el principio de autoridad y el principio de justicia. Ya tuvimos durante la presente década democrática episodios de mano dura con altos costos para la sociedad y el Estado. De todos ellos, el gobierno y el sistema político salieron debilitados y con menos respaldo y capacidad de acción. No aparecen ahora elementos que hagan presumir que esta vez la receta funcionará.
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