Por Mirko Lauer
El caso petroaudios se ha convertido en un espectáculo para todos los gustos. Los principales acusados pueden ser muy culpables o casi inocentes, según cuánto peso se le adjudique a lo que dicen el juez y los peritos petroleros. Estos a su vez pueden ser vistos como encubridores o como rectificadores, según dónde se informe uno.
El caso mismo, que comenzó como una denuncia de malos manejos en un contrato petrolero perjudicial para el Estado, en estos días ha terminado de convertirse en un culebrón sobre lobistas que se tenían ganas mientras pastoreaban noruegos. A estas alturas todos sabemos que algo raro o mal pesó, pero mejor que no nos pregunten exactamente qué.
El juez Jorge Barreto ha establecido que los audios por ser mal habidos no tienen validez como pruebas en un tribunal. A esto algunos le responden que lo mal habido vale cuando ayuda a alcanzar un objetivo superior. Así, condenar a estos acusados resulta un objetivo más importante que cumplir con la norma jurídica, como postula Barreto.
En todo caso los audios que alguien sigue filtrando sí tienen enorme validez como primicias periodísticas (otro objetivo superior). Como parece haber decenas de miles de estos, el caso como festín de la infidencia puede durar largos años. Así, mientras en el Estado se juzga a chuponeadores, en el Estado también se pone en circulación lo chuponeado.
Mientras tanto la parte judicial del caso se debate entre la espada y la pared. Si los acusados son declarados inocentes, será por presión del gobierno aprista. Si son condenados será porque los medios y los documentos mal habidos son los que hacen justicia en el país. Si se trata de contentar a todos, la tarea parece imposible.
Los más descontentos hasta ahora son las autoridades legislativas que no han logrado acceso a información interna del caso. Un congresista quiere enjuiciar al presidente de la Corte Suprema, y de paso se lanza como intereses empresariales que estarían “dosificando los audios”. Otro clama colusión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Las furias son entendibles, pues las pruebas que ya son de dominio público, legalmente válidas o no, simplemente no demuestran (en la opinión de este columnista) toda la culpabilidad que proclaman los más convencidos de ella. Entre los cuales figuran, para confundir todavía más las cosas, prominentes miembros del gobierno.
Los medios están acostumbrados a juzgar al sistema judicial según les vaya en él a sus posiciones. El caso Fujimori es el mejor ejemplo de ello. En un primero momento el meollo del caso petroaudios era si el Apra alojaba o apañaba operativos corruptos. Hoy el caso petroaudios es 100% sobre las virtudes cívicas del chuponeo.
