Por Mirko Lauer
La Tercera de Santiago lo ha llamado “el conflicto más agudo de los últimos años”. Sin duda es el de más alto perfil: al llamar a Lima a su embajador y volver al Perú un día antes de la cumbre APEC, un disgustado Alan García ha colocado los temas del espía detectado y de las compras de armas de Chile en la parte alta de su agenda, en los medios del mundo.
La reacción indica que el incidente colmó la paciencia de un gobierno que ha venido defendiendo las buenas relaciones con Chile frente a los sectores de la política interna, en ambos países, que quisieran verlas enfriarse. Lo sucedido no parece irreparable, pero sí devuelve a la relación bilateral a niveles y dinámicas que ya parecían superados.
En Chile lo sucedido le cae de perlas al candidato de la Concertación, cuyo gobierno ha venido siendo criticado desde la derecha por ser demasiado concesivo frente al Perú. Aun así el gobierno de Michelle Bachelet, también varada en Singapur, lo ha negado todo, diversos voceros se han referido a una provocación peruana.
Aunque a primera vista en Lima Ollanta Humala parece un obvio beneficiado, en realidad si el gobierno endurece su posición frente a Chile, y se mantiene en ella, le quitará al candidato nacionalista una importante bandera electoral. Sin embargo hay en juego ahora más que las elecciones de los dos países.
En efecto, la agencia Reuters ha comentado que los lazos comerciales bilaterales (US$ 3,370 millones en 2008, 24% más que en 2007) a estas alturas ya podrían pesar bastante más que cualquier conflicto. Sin embargo la visión desde sectores de la política, sobre todo en el lado peruano, parece ser algo diferente.
Ha venido existiendo la expectativa peruana de que la apertura de nuestro mercado a capitales chilenos traería un manejo cuidadoso de la relación bilateral por parte de Santiago. Las compras de armas por parte de Chile han venido promoviendo en el Perú la sensación de que no ha sido así, y que más bien se ha dado la situación contraria.
La coincidencia de un enorme stock de inversiones chilenas en el país (casi US$ 6,000 millones) con un poder militar cada vez más grande del otro lado de la frontera tiende a ser visto en el Perú como un escenario incómodo. El espionaje chileno en este caso tiene que ser percibido como un preocupante eslabón.
En este contexto termina volviéndose tentador un pacto faustiano a la colombiana, que utilice el acceso de los EEUU a nuestros aeropuertos y bases para robustecer nuestra capacidad de enfrentar al narcosenderismo y compensar así de alguna manera el creciente desbalance militar que nos impone nuestro próspero vecino del sur.
