Después de robado, candado

Por Mirko Lauer

Hacía mucho que una petrolera no cobraba un perfil tan alto como ahora Petrotech, concesionaria de lotes en la selva y buena parte del zócalo continental peruano. El llamado presidencial a que el Congreso investigue su reciente venta en Delaware parece un tardío saludo a la bandera, pero los reflectores lanzados con esto sobre la empresa y su historia son muy reales.

El llamado a investigar parece ser la respuesta a algunas voces que se preguntaban por qué directivos de la empresa sindicada como contratante de Business Track para el chuponeo de los petroaudios no figuran entre los perseguidos por la fiscalía. El anuncio de Mercedes Cabanillas no contesta esta pregunta, y más bien busca disipar sombras de un posible favoritismo del gobierno frente a la empresa.

Parte de la pregunta tiene que ver con que los presos de Business Track no quieran pronunciarse sobre este aspecto en particular. Debemos entender que el copioso material incautado de sus oficinas tampoco está revelando rastros de un encargo chuponeador de Petrotech. Ni de ninguna otra empresa, ya que estamos en el tema. Toda la cosecha es de barridos electrónicos, algunos genuinos, otros eufemísticos.

La parte estrictamente empresarial de Petrotech desde mediados de los años 90 es un historial turbio de gangas inverosímiles concedidas por sucesivos gobiernos, funcionarios moviéndose de los dos lados del mostrador, inexplicables beneficios legales, y movidas abiertamente ilícitas que nadie quiso sancionar, por lo menos hasta que llegó Daniel Saba a la presidencia de Perupetro.

Esa parte escapa al encargo específico del Congreso, y ya aparecerán los argumentadores de siempre en el sentido de que eran tiempos de enorme desprestigio de nuestra economía, y que no era la hora de hacerles exigencias a quienes nos hacían el favor de venir a invertir en el Perú. No es un tipo de argumento que pase fácil en una democracia del reclamo como la que estamos viviendo en el país.

Tal como está formulado, el encargo parece tener las patas cortas: hay cierta coincidencia en que la venta es perjudicial para el fisco, pero no ilegal. El proyecto de una ley que hubiera podido cambiar eso fue bloqueado hace muchos meses en el Consejo de Ministros por Luis Carranza, quien ofreció perfeccionarlo, pero en los hechos lo desapareció de la pantalla.

Estamos, pues, ante un nuevo ejemplo del refrán Después de robado, candado. La venta que este gobierno intentó impedir se realizó de todas maneras. Los manejos cuestionables de los años 90 probablemente ya solo esperan a los historiadores. Una mayoría de protagonistas viven en el extranjero, haciéndonos gestos de burla con el pulgar pegado a la nariz y el dinero público peruano reventándoles los bolsillos.