No es la primera vez que los trabajadores de Doe Run, La Oroya, paran indefinidamente y bloquean la Carretera Central. El propósito sigue siendo el mismo: doblarle la mano al gobierno para que se avenga a las condiciones de la empresa. Las cuales en lo esencial son ahorrarse los gastos del saneamiento ambiental de su operación.
Los trabajadores se mantuvieron tranquilos hasta ahora porque la empresa les había venido pagando un alto porcentaje de sus salarios a pesar de la paralización de la fundición y refinería. El pago probablemente sigue, pero hoy su sindicato, que es en cierto modo rehén de Doe Run, vuelve a ser el instrumento de un claro chantaje de la empresa al Estado peruano.
La situación de estos trabajadores es complicada. Necesitan que Doe Run funcione, en cualquier circunstancia. Pero a la vez las presiones del empleador que defienden van a contrapelo de su salud. Es de un alto envenenamiento por plomo en la sangre de los propios trabajadores, sus familias y el resto de la población de La Oroya que se está hablando.
Precisamente un reclamo importante de Doe Run es que el Estado peruano asuma la responsabilidad de los juicios por envenenamiento por plomo de numerosos niños en La Oroya, abierto contra la empresa en el estado de Missouri, EEUU. Juicios que han movilizado incluso a los representantes de ese estado en el Congreso estadounidense.
En este caso, y en el de las movilizaciones de Madre de Dios, la necesidad de los trabajadores tiene cara de hereje ambientalista, aprovechado por los contaminadores. Tienta pensar que los propios trabajadores fueron llevados a esta situación por las maniobras financiero-jurídico-políticas de la empresa.
Un bloque de la Carretera Central al filo de la Semana Santa es un desafío mayor, pues de partida jaquea a todo el turismo por la región central del país. Hay una declaración del sindicato en el sentido de que quizás dejen pasar a los vehículos, pero al escribirse esto el bloqueo está vigente, y por precaución los turistas ya están cambiando de destino.
La amenaza de paro y bloqueo, y la amenaza adicional de sus lobbistas en el Congreso estadounidense, le han venido sirviendo a Doe Run para mantener en jaque al gobierno, impidiéndole tomar algunas de las medidas de fuerza que correspondían. Indecopi mismo se doblegó en su momento ante la poderosa empresa y sus abogados locales.
Los intentos de Doe Run de enyucar a sus proveedores/acreedores, al Estado peruano, a diversas instituciones del país, a la opinión pública y a las leyes sobre medio ambiente han llegado a convertir el caso en un asunto de decoro nacional.
