El cuero & las correas

Por Mirko Lauer

En términos estrictamente formales, la polémica en torno a la cédula viva de los uniformados es un asunto entre jóvenes y viejos. Quienes están al inicio de su carrera deberían preferir una mejora de sus ingresos, en el entendido de que sus últimos sueldos, los jubilatorios, serán defendidos por el sistema previsional y la estabilidad económica.

Los ya están retirados o próximos a hacerlo, naturalmente van a preferir que sus privilegios, obtenidos al final de una carrera de bajos ingresos, se mantengan. El gobierno, cuyos recursos son limitados, ha optado por los uniformados más jóvenes. No descartemos que la presión de los mayores obligue a desembocar en una fórmula intermedia transitoria.

La racionalidad del MEF para proponer esto es que no hay dinero suficiente para mantener privilegios y empezar a aumentar sueldos en un mismo momento. Pero de todas maneras se considera un aumento efectivo del volumen de recursos transferidos a los hombres de uniforme, solo que repartido de distinta manera.

Este cambio en cierto modo prolonga aquellos que empezaron a hacer en las fuerzas armadas y policiales algunos ministros anteriores. Allan Wagner en las fuerzas armadas bajo este gobierno, Fernando Rospigliosi en la policía bajo Alejandro Toledo. En su momento también ellos levantaron polvareda.

Sorprende que la eliminación de la cédula viva a militares, proyecto presentado por una ministra de Economía que tiene que haberlo discutido con el resto del Ejecutivo, sea cuestionada a los pocos días por una de las voces más prominentes de la bancada aprista. El desacuerdo de Mauricio Mulder no es, como dice, con el MEF sino con Alan García.

El argumento de García es contundente: si 1,400,000 civiles perdieron la cédula viva hace no mucho (con menos gritería), bien puede sucederles a 60,000 jubilados de uniforme. Quienes sostienen que los uniformados arriesgan sus vidas deberían revisar las cifras de los civiles desarmados muertos por actos de violencia en los últimos decenios.

La otra novedad en el escenario militar-policial es el ingreso de representantes de la Contraloría a fiscalizar los órganos de ejecución económica en estas instituciones. De alguna manera esto prolonga y amplía la norma que prohíbe las transacciones en efectivo en ambos sectores, una manera de fiscalizar el gasto.

Estas normas vienen acompañadas por un rosario de medidas también con fuerte potencial polémico: una lamentable amnistía a los uniformados infractores de derechos humanos, nuevas disposiciones para el uso de la fuerza militar bajo ataque o amenaza, una disposición a recibir más ayuda antidrogas de los EEUU, presumiblemente a la colombiana.