¿Por qué Indecopi torpedea la reforma municipal del transporte en Lima? Su argumento para reponer combis a la circulación por la avenida Tupac Amaru, ruta del Metropolitano, es deleznable: la disposición no fue firmada por la alcaldesa. El municipio le ha hecho ver que en este caso la firma no era necesaria.
Emplazado Indecopi se ha refugiado en una postura antiburocrática. Como si bloquear la decisión de una oficina pública con la decisión de otra oficina pública no fuera también un acto burocrático. En este segundo caso sin mejor argumento que la falta de una firma, reclamo clásico en el mundo de la burocracia.
Es sospechoso que en lugar de exigirle a la Municipalidad de Lima que rectifique su documento, si ese hubiera sido el caso, Indecopi se precipitara a abrirle la puerta de la avenida Tupac Amaru a las combis. Ahora va a tener que retroceder ante la apelación del municipio, dejando en el aire perplejidad sobre su proceder.
Es extraño el argumento de una secretaria técnica de Indecopi en el sentido de que la movida va a servir para que el municipio refine sus procedimientos. Es decir que no reconoce que Indecopi ha actuado mal en este caso y que por eso tendrá que retroceder. Más bien desea convertir el revés en victoria para salvar la cara del organismo.
No es la primera vez que se intenta lanzar una llave inglesa al engranaje de la reforma del transporte. Amenazas de huelga, campañas periodísticas y reclamos varios vienen marcando el esfuerzo por sobrevivir de un sistema de transporte del que los vecinos se vienen quejando desde hace varios decenios.
Todos ellos son episodios de una situación más amplia y profunda: las generalizadas resistencias a los cambios, sobre todo fiscalizadores, promovidos desde el Estado. Intereses formales e informales consideran su libertad de acción en el mercado como un derecho adquirido, y cuestionan la autoridad del Estado para modificarlo.
Lo que está sucediendo con la compra-venta del oro es un buen ejemplo. La disposición del gobierno que exige asentar este tipo de transacciones en un registro ha despertado la ira vandálica, pero eficaz, de los mineros extralegales, y el Estado va a tener que retroceder dos años. Esto siempre y cuando no se produzcan nuevos paros con tomas de carreteras entonces.
Lo recién sucedido con Indecopi, o la pereza del Ejecutivo para nombrar directivos en importantes órganos fiscalizadores (financieros, energéticos, cívicos), sugiere que esta variante de laissez faire (la definición es de Alberto Vergara) extrañamente también tiene defensores dentro del propio Estado.
