Los practicantes de la informalidad también pueden ser vistos como trapecistas sin red de emergencia social debajo. Ocupan los intersticios más peligrosos de lo social, y por tanto están expuestos a los peores desastres. Voluntaria o involuntariamente (sobre todo lo segundo) habitan el espacio de la catástrofe.
Esta semana nos lamentamos por quienes han tenido que hacer su casa en el cauce de un huayco y por quienes emplean explosivos en una mina informal. Pero otros días lo podríamos hacer por quienes manejan vehículos de transporte públicos sin licencia o por quienes se hacinan en centros comerciales sin provisión de seguridad alguna.
Entre terremotos, huaycos, desbarrancadas, friajes, epidemias y otros, los frutos de la informalidad son costosos. Alguien dirá que ese es el inevitable precio de la pobreza: ciudadanos desprotegidos, y en algunos casos también desaprensivos, para quienes el gobierno es el principal, por no decir único, colaborador de última instancia.
Pero ese Estado que fleta gobiernos es también el primer motor de las desgracias. Pues es su tolerancia en los más variados ámbitos la que permite el montaje de los escenarios para la desgracia. ¿Por qué la tolerancia del ciudadano en peligro? No hay una explicación satisfactoria, solo sospechas a medida que los dramas se multiplican.
Pero la cosa siempre tiene que ver con prioridades. Las prioridades de los pobres están en la necesidad de seguir adelante con sus vidas bajo cualquier circunstancia. La seguridad siempre cuesta, y siempre es más barato ubicarse allí donde hay menos seguridad. Acaso hay en ello más
cálculo frío que irresponsabilidad.
Las decisiones peligrosas de la pobreza informal son multitudinarias y el Estado no tiene recursos para contradecirlas en los hechos. De allí que su prioridad esté más bien en conservar lo más sólida posible la estructura formal del país (leyes cumplibles) que en principio es la que jala a la totalidad hacia adelante.
Además esa decisión da la impresión de ser más rentable y razonable en el corto plazo, como sucede con la vista gorda tributaria. Pero eso solo es cierto si el Estado se limita a hacer simulacros de ayuda real, como sucede con los sismos. Porque al final no existe seguro que pueda pagar si no ha cobrado realmente.
Es obvio que nuestra solidaridad debe estar, y está, con los damnificados. Pero es algo triste que ella deba comenzar cuando las tragedias no están consumadas, y no cuando ellas todavía puede prevenirse, aunque eso signifique disgustar a los propios practicantes del peligroso equilibrismo informal. Esa, mucho más que dar ayuda insuficiente, es la tarea del Estado.
