Por Mirko Lauer
La revista Poder en circulación trae un informe de Ricardo Uceda que merece más atención de la que ha recibido. Presenta un Trujillo saturado de bandas de extorsionadores, en el cual un virtual escuadrón de la muerte policial ya ha dado cuenta de la liquidación extrajudicial de medio centenar de personas, la mayoría acreditados delincuentes.
La policía afirma que son muertes en enfrentamientos armados. Sus jefes han sido promovidos por haber empezado a limpiar la plaga del crimen organizado en la ciudad. Pero hay deudos que denuncian asesinatos a personas desarmadas, y la fiscalía tiene abiertas denuncias a policías, en algunos casos solicitando cadena perpetua.
Que la ciudad de la eterna primavera ahora es una capital de bandas criminales era algo que se sabía. Pero que ello ha venido causando una guerra a la mexicana es una preocupante novedad. Al grado que Uceda sugiere que el DL 982, que exime de responsabilidad a policías que matan cuando sus acciones reglamentarias lo exigen, acaso fue concebido para Trujillo.
Quizás el DL, del 22 de julio de este año, viene de un contexto más amplio: los asesinatos de policías del bosque de Pómac en enero y Bagua en junio, ambos casos de protesta social. Pero el enfrentamiento a criminales organizados y armados le da un giro adicional a la siempre preocupante cuestión de la represión policial.
La situación es compleja. Era previsible que el DL fuera a producir más abaleados por la policía. Pero antes del DL la policía venía sufriendo crecientes bajas y asumiendo una actitud pasiva frente a las confrontaciones armadas. Aunque si vamos a creerle a la prensa local trujillana la delincuencia sigue tan campante en la ciudad.
A los peligros que una mano policial más libre representa para los derechos humanos es necesario acudir a la inocultable cuota de corrupción entre los custodios del orden. Se ha llegado a sugerir que algunas de las muertes en Trujillo son en realidad parte de las clásicas guerras entre bandas por el control del territorio.
Uceda plantea que una mayor libertad de acción policial tiene que venir acompañada de una mayor capacidad de los fiscales para determinar los pormenores de cada muerte. Una de sus propuestas es pasar las pericias, comenzando por las balísticas, a manos de la fiscalía. Pues ahora cada vez más la policía va a ser la encausada en juicios penales.
La historia de las bandas criminales trujillanas, en verdad de todo el norte, merece más investigación. ¿Tienen algo que ver que esa sea una zona privilegiada de salida de la droga? ¿O corresponden a modalidades particulares de informalidad y crecimiento económico? ¿Es un fenómeno que ya se está trasladando a otras grandes ciudades del interior?
