La complicada libertad de expresión en el 2009

Por: Mirko Lauer

En el 2009 IPYS reportó 87 alertas de atentados contra la libertad de expresión. Menos incidentes que en los dos años anteriores, y menos agresiones directas a personas. Pero de todas maneras un paquete preocupante, sobre todo por las múltiples reacciones prepotentes de autoridades contra el ejercicio de la prensa.

Los casos más flagrantes han sido en el interior del país, allí donde el periodismo ha interferido en la asociación de autoridades e intereses económicos asentados en la localidad. La sensación es que la libertad de expresión en muchos lugares apartados es considerada “un asunto de la capital”, y que limitarla no trae consecuencias.

Denunciar ha seguido siendo peligroso. Julio Vásquez (Radio Cutivalú, Piura) mostró fotos de mineros torturados por fuerzas del orden y tuvo que fugar a Lima luego de varias amenazas. Esta situación de denuncia –amenazas– refugio ha sucedido en por lo menos una media docena de casos por todos el país, y no todos han llegado a los medios nacionales.

El problema no solo ha sido con las autoridades. Cada vez más movilizaciones populares se han sentido con derecho a amenazar periodistas con posiciones contrarias. En abril un grupo de manifestantes amenazó de muerte a María Chasnamote (Radio Stación X, Yurimaguas). Un caso similar se dio en esa misma ciudad al mes siguiente.

IPYS tuvo que asesorar y dar ayuda jurídica a no menos de una docena de periodistas del interior acosados abierta o anónimamente por autoridades (civiles o militares). En ningún caso la sangre llegó al río, pero el número de profesionales neutralizados por la vía de la agresión se va acumulando, sin consecuencias para los agresores.

Los medios privilegiaron causas célebres con actores de alto perfil. Un juez intentó dictarle un libreto a Magaly Medina. La empresa LAP intentó silenciar a Efraín Rúa. El archivamiento del juicio de Marco Vásquez y Marco Sifuentes por agresión (en el 2007) en el local del Apra. El juicio de un ex congresista contra el bloguero Alejandro Godoy.

El caso más flagrante, sonado y peligroso ha sido la clausura de la radio La voz de Bagua, acusada de azuzar los sangrientos sucesos de esa localidad. Una radio ya había sido clausurada en Ica con argumentos similares. El tema de las licencias radiales, legítima exigencia en sí mismo, va camino de volverse un instrumento político.

El balance del 2009 es el de todos estos años: la libertad de expresión goza de buena salud, pero a la vez necesita ser defendida en todo momento y por todas partes. Hacer periodismo fuera de la capital sigue siendo una tarea que linda con lo heroico, sobre todo a medida que uno se va alejando de ella.

* El autor de la columna es presidente
del Instituto Prensa y Sociedad.