Los cartelones no son cheques

Por Mirko Lauer

La ley que impide estampar el nombre del alcalde sobre anuncios que dan cuenta de obras públicas (“Tu alcalde, Fulano”) es positiva, pero se queda corta. No solo porque un estudio del IPAM revela que obras es solo 16% de esos carteles rubricados, sino porque el tema del nombre de personas vivas en espacios públicos va mucho más allá.

Se ha acusado a la congresista Rosa Florián, UN, de querer borrar el nombre del alcalde Luis Castañeda del plano urbano de la publicidad con fondos públicos, o incluso el de Alan García. El IPAM no nos dice cómo anda el ranking de nombres-cartel, pero en la era del asesor de imagen esta nueva ley parece bastante universal en sus alcances.

También se ha dicho que la ley tiene transparentes motivaciones electorales. Esto es verosímil, pues si un alcalde con nombre-cartel se presenta a la reelección tendrá sobre sus competidores una ventaja desleal, sufragada por los contribuyentes. Esperemos que la ley haya dado plazo para retirar los nombres de los carteles.

El sarpullido de nombres de alcaldes en la vía pública se da la mano con la pérdida de la antigua norma según la cual se evitaba poner a calles, plazas, o centros educativos públicos nombres de personas vivas. La única excepción tolerada eran quienes sembraban su urbanización también con los nombres de su querida parentela viva.

Pero las democracias de ánimo realmente liberal no llevan a gente viva al asfalto, el mármol o el bronce, y esta es una manera de adelantarse a la tentación de cualquier práctica tiránica. Solo los reyes y los dictadores aparecen vivos sobre sus billetes, sus estampillas y, cuando no hay recato, cualquier superficie que se preste a ello.

Nuestros alcaldes han estampado su poderosa en los carteles dentro de un contexto en que cada vez más gente viva es elevada a la nomenclatura de lo público. Comenzó con el deseo de invasores de tierras de congraciarse con alguien que tuviera poder real, nombres de esposas de presidentes o ministros.

Pero lo que fue la práctica de urgencia de los pobres ha subido en la escala social. Quizás porque la nación se siente inmune al peligro de una tiranía, nombres de personas vivas han empezado a aparecer en lugares novedosos. Quizás hemos estado a un paso de que algunos alcaldes le pongan su nombre a alguna obra concluida con potencial publicitario.

Parece difícil legislar sobre la iniciativa privada en este terreno, pero el Estado ha hecho bien en normar un pequeño aspecto de la gestión municipal. Esperemos nomás que el retiro de la firma no les quite a esos alcaldes las ganas de seguir haciendo obras. Un aviso eficaz pagado de su propio bolsillo puede hacer el milagro de la reelección llegado el momento.