Por Mirko Lauer.
Alan García intenta encontrarse a medio camino con los defensores de un Museo de la Memoria. La idea es que el gobierno alemán “amplíe la oferta”, y se pueda erigir un museo que evite la acrimonia que sigue causando en algunos el informe de la Comisión de la Verdad. A García le ha faltado proponer una fórmula. Todavía está a tiempo para hacerlo.
El problema contiene dos líneas de discrepancia que se tocan pero que no deben ser confundidas. Una es la memoria misma, en el sentido de si desde una perspectiva cívica conviene mantener vivos el recuerdo y la conciencia de hechos atroces del pasado. Esto vale para los muertos de los años 80-90 pero también para, por ejemplo, los de 1932 en adelante.
La versión contemporánea de esto es que la negación o el olvido de lo doloroso impiden superar sus efectos en el cuerpo social. En un país con la estructura sociosubjetiva del Perú todo intento de echarles tierra a las cosas solo logra que ellas reaparezcan por otro lado. Muchos agravios son el retorno disfrazado de otro que ya está formalmente olvidado.
¿Cuánto de la actuación de Alberto Fujimori ha tenido que ver con el maltrato nacional a peruanos de origen japonés en los años 30, para el cual no ha habido memoria ni disculpa? ¿Cuánto de las tirrias de García inconciente proviene de casi un siglo de alianzas antiapristas con socios de todo el espectro ideológico?
Sobre si conviene recordar u olvidar puede haber discusión. Lo inaceptable es el manejo de un doble estándar según el cual unos muertos deben ser recordados y otros olvidados. No hay manera más eficaz de sembrar la discordia profunda, no por silenciosa menos devastadora, en una sociedad.
Lo cual nos lleva a la segunda línea de discrepancia: el contenido del informe y la conveniencia de mantener delante de la mirada del país. En esto no parece haber muchos elementos negociables: los dos lados que protagonizaron esa guerra detestan a la CVR por igual. Esto a pesar de que la mayoría de las víctimas no perteneció a ninguno de los bandos.
Quizás “ampliar la oferta” merece reflexión. Algunos dirán que sumar víctimas de antes a la memoria pública diluirá el impacto de las de hace poco. Quizás sí, pero a la vez ampliará el concepto de rescate del olvido nacional, y acaso mejor el acceso del informe de la CVR a una corriente algo más central del sentimiento nacional.
Lo que debería ser retirado de la ecuación son los dos millones de Berlín que exigen un visto bueno del gobierno, gesto bien intencionado pero que mal puede ser determinante en este tema. O la CVR hace a su leal saber y entender un museo privado, como hay tantos, o el gobierno hace uno “ampliado” con los fondos de los contribuyentes, que somos conciudadanos de todas las víctimas.
