Oferta y demanda

Por: Mirko Lauer

El alcalde Luis Castañeda Lossio ha comentado con ironía sobre cómo las ofertas de los candidatos municipales largamente exceden los atributos del cargo. Los candidatos ofrecen una solución para cada problema que les es presentado. No es lo más responsable, pero sí comprensible. Este es el mes para venderles esperanzas a los irritados vecinos.

Cada vez más los encargos a los municipios superan sus atribuciones. El transporte, el tráfico vehicular, la seguridad ciudadana, o el boom de la construcción, son el tipo de tarea que solo es abordable al alimón con otros poderes del Estado. Pero el municipio es el primer lugar al que se dirigen las miradas cuando hay un problema en ellos.

Castañeda sabe que las ofertas electorales también son implícitas críticas a su gestión, y se defiende. Por ejemplo cuando hace notar que el alcalde no es un ministro del Interior. Los serenazgos municipales no han sido concebidos para enfrentar el crimen violento, que es el que hoy preocupa, y es difícil imaginarlos haciéndolo.

Es cierto que la promesa electoral sufre de falta de límites. Pero también lo es que la misión de un municipio es cada vez más compleja que la construcción de obra civil o la administración de servicios públicos. Aunque suene algo tosco, la tarea se va volviendo cada vez más administrar a la propia población de vecinos.

Esto se hace evidente frente al crimen violento, hoy encarnado por pandillas, sicarios, o toxicomaníacos. Se va haciendo notorio que ya no estamos ante un cúmulo de hechos coincidentes pero aislados (que es la imagen de la ola), sino ante un fenómeno cultural y social, y en esa medida un enemigo cada vez más complicado.

No estamos sugiriendo que los candidatos de hoy son necesariamente concientes de la nueva complejidad. Pero sí han percibido el malestar que crece entre los vecinos, y que en algunos casos, como el Callao, es una verdadera desesperación. Sobre todo cuando las fronteras entre autoridad y delito empiezan a borrarse a ojos vistas.

El gobierno acaba de dar normas para endurecer la mano de la policía, los militares y los vigilantes privados. Pero eso no llevará muy lejos si el sistema judicial, como real aplicador de leyes y como defensor de derechos, no sincroniza con eso. Pero la tarea cultural y social sobre el terreno está en manos de los municipios.

Como sostienen algunas de las teorías sobre el asunto, se trata de evitar que ciertas formas de conducta delictiva se conviertan en la norma, y en esa medida parte del proceso de socialización de los jóvenes. La escuela puede hacer cosas en el aula, pero solo el municipio puede ejercer autoridad en la calle y en el barrio.